Los expertos reclaman disminuir el peso de la población en la gestión

Las conclusiones del estudio sobre financiación autonómica de la Universidad de Valladolid inciden en la necesidad de modificar los criterios de distribución de fondos del actual modelo, ante «el excesivo peso de la población», frente a factores determinantes como el territorio y las infraestructuras. Asimismo, los expertos reclaman que se tenga en cuenta en la negociación la diferente capacidad contributiva de los inmigrantes de las distintas comunidades, y no sólo su número, ya que en las autonomías más ricas, estos aportan un porcentaje muy superior para sufragar los gastos que generan que en las menos desarrolladas, como Castilla y León. Así lo destacaron ayer durante la clausura de la jornada de presentación del estudio, los directores del documento, Olga Ogando y Jesús Cavero, quienes denunciaron que las variables que se recogen en el sistema de financiación actual «son fruto de un acuerdo político basado en criterios de general aceptación pero no en análisis técnicos objetivos». Cavero mostró un análisis efectuado sobre las necesidades de financiación de la educación y la sanidad teniendo en cuenta las necesidades básicas (centros públicos, alumnos y profesores), las complementarias (inmigrantes, centros concertados, etc), el factor territorio, población e infraestructuras. Una variable, la de necesidades, según explicó, que no existe, porque las autonomías se basan en el gasto de todos los recursos que perciben. La propuesta En el caso de la educación, frente al modelo actual que otorga el 90% de importancia a la población, un 4,2% a la superficie, un 1,2% a la dispersión y un 0,6% a la insularidad, su proyección sitúa en el 43,9% las necesidades básicas (población y centros), en un 40,2% las complementarias, en un 15% el factor territorio. «Se pondera en exceso la población y se ignora el papel de las economías de escala en la prestación de servicios. Es necesario usar variables más próximas a los servicios, el territorio y las infraestructuras», resumió. Por su parte, la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, exigió ayer al Gobierno que el próximo modelo de financiación autonómica sea «suficiente» y «solidario», surja del consenso de todas las comunidades y permita «autonomía» a las regiones. Un modelo que, en su opinión, deberá incluir de «forma clara» dentro de los servicios básicos la nueva Ley de Dependencia, y tener en cuenta la contribución de la regiones a la conservación ambiental de España.