La comunidad será la cuarta que se verá más afectada por esta normativa

En cuanto al número de industrias que previsiblemente se verán afectadas por la Ley, Castilla y León es la cuarta comunidad que tiene más empresas con posibilidad de contaminar y, por lo tanto, de las que más deberá desembolsar para formalizar los seguros obligatorios. Por delante se encuentran Cataluña con 1.197 empresas (un máximo de 30,9 millones); Andalucía con 642 industrias (un máximo de 16,1 millones) y Aragón con 629 (un máximo de 15,9 millones). Este tipo de pólizas en la comunidad tendrán un coste de 7,9 millones para las empresas que tengan un riesgo bajo de contaminación; 11,1 millones para las que tengan un riesgo medio y, por último, 15,1 para las que tengan un riesgo alto de contaminación. Para garantizar la eficacia de la Ley y asegurar que los operadores disponen de los recursos económicos necesarios para hacer frente a estas obligaciones, se exige que cuenten con una garantía financiera para cubrir la responsabilidad medioambiental en la que puedan incurrir. Evaluación del daño En función de la evaluación del daño potencial, se establecen una serie de umbrales para graduar la exigencia de garantía financiera: por debajo del umbral de 300.000 euros, los operadores quedan exentos de esta exigencia; entre 300.000 euros y dos millones, los operadores podrán optar entre suscribir la garantía financiera o adherirse al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales; por último, por encima de dos millones se exigirá siempre la garantía financiera.