El Gobierno aprueba el proyecto de ley de Responsabilidad Ambiental

El Consejo de Ministros celebrado ayer aprobó el Proyecto de Ley de Responsabilidad Ambiental para su remisión a las Cortes Generales, con el objetivo de sancionar a todas aquellas empresas potencialmente contaminantes por el principio de «quien contamina, repara», que va más allá de «quien contamina, paga». En Castilla y León, esta Ley afectará a 602 empresas, que se verán obligadas a suscribir pólizas por un valor entre los 7 y 15 millones de euros para evitar daños y desastres en el medio natural. Se trata de asegurar que el responsable de la actividad devuelva los recursos naturales dañados a su estado original y sufragar así el total de los costes, aún cuando no haya cometido ninguna infracción administrativa y haya actuado de conformidad con la normativa aplicable. El contaminante deberá «restaurar» el total de los recursos naturales y de los servicios que prestan, el cual no se verá satisfecho con una «mera» indemnización dineraria y en la necesidad de que las empresas internalicen los costes asociados a los riesgos medioambientales inherentes a las actividades que desarrollan. La Ley prevé hacer frente a desastres naturales como los que ocurrieron en la presa de Aznalcóllar (Sevilla), en el que el Gobierno invirtió más de 75 millones de euros para reparar los daños ocasionados por una empresa minera. Con ello se quiere evitar que la factura de la reparación sea sufragada por los presupuestos públicos, como ocurre en muchas ocasiones. Sólo el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente ha afrontado a lo largo de los últimos siete años gastos de reparación ambiental cercanos a los 183 millones, de los que 113 millones son atribuibles a la descontaminación de suelos. Antes de reparar, prevenir Junto a la reparación efectiva del daño, se persigue que las empresas refuercen el principio de «prevención» para evitar que los daños medioambientales lleguen a producirse. Para ello, la Ley obliga a los operadores de las actividades económicas y profesionales a que adopten todas las medidas de prevención que resulten necesarias ante un supuesto de amenaza de daño al medio ambiente. Hay que destacar que el gasto de las empresas españolas en prevención de riesgos ambientales ha crecido de manera muy significativa a lo largo de los últimos años, alcanzando en el 2003 la cifra de 2.000 millones de euros. La Ley afectará a más 5.000 instalaciones industriales en España, a unas 30.000 empresas de transporte de mercancías peligrosas y a casi un millón de explotaciones agrarias. Se prevé que el coste de la Ley sea de aproximadamente unos cien millones.