Diario de León

La Ley permite a particulares o instituciones recuperar sus documentos

Cultura estudia la devolución del material incautado a Euskadi

Carmen Calvo confirma nuevas peticiones sobre el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca

José Valín, ayer en Valladolid, en la presentación de los Zarcillo

José Valín, ayer en Valladolid, en la presentación de los Zarcillo

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efe | madridefe | valladolid

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La ministra de Cultura, Carmen Calvo, aseguró que su departamento trabaja en las peticiones de devolución de diversa documentación del gobierno vasco, así como en la de otras instituciones, incautada durante la Guerra Civil y depositada en el Archivo General de Salamanca. Calvo compareció en la Comisión de Cultura del Senado, a petición del PNV, para informar de las intenciones de su Ministerio en relación a las reiteradas solicitudes de devolución de documentos del gobierno vasco. Recordó que desde 1986, mediante la firma de tres convenios, el Ejecutivo autonómico cuenta con parte de la documentación que solicita, si bien reconoció que se trata de copias. Insistió en que tras la ley aprobada para devolver la documentación incautada a la Generalitat de Cataluña, se ha abierto un procedimiento para que otras instituciones, así como los particulares, puedan pedir la devolución de documentos «con los requisitos propios de seguridad jurídica». Recordó que en el caso de las instituciones deberán aportar garantías y un compromiso sobre el lugar en el que serán custodiados, ya que se trata de documentos públicos. En su opinión, «no existen fondos parecidos» a los incautados a la Generalitat, ya que el gobierno vasco era «incipiente» -se constituyó el 1 de octubre de 1936- y, posteriormente, la mayoría de sus documentos «se los lleva al exilio». Calvo se refirió a varias reuniones mantenidas con la consejera vasca de Cultura, Miren Azkárate, en las que ésta le ha comunicado el propósito del gobierno vasco de constituir un Archivo nacional de Euskadi, en el que centralizar los fondos. «Parece que existe un proyecto y el edificio -continuó- y que podría estar en funcionamiento a finales de 2008», con lo que existiría una «institución de custodia» de los documentos públicos que pudieran salir de Salamanca.

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