Trujillo califica de «indecencia» la adjudicación de VPO a afines al PP

La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, aseguró ayer que la adjudicación de viviendas protegidas a familiares de cargos del PP en Valladolid es «una indecencia y una ilegalidad». Estas declaraciones de la ministra, realizadas al término de un acto en la Delegación del Gobierno de Castilla y León, suscitaron las críticas del alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, y del consejero de Fomento de Castilla y León, Antonio Silván, ambos del PP, que estaban presentes en dicho acto presidido por Trujillo. María Antonia Trujillo, en declaraciones a los periodistas, calificó de «indecencia» estas adjudicaciones, ya que estas viviendas están destinadas a los ciudadanos con menores posibilidades de acceder a una vivienda en el mercado libre. Además, denunció la «ilegalidad» que supone que la adjudicación se produzca al margen del registro de demandantes de vivienda protegida, que «tenía que estar funcionando» en Castilla y León. La ministra criticó que sea «un promotor» privado el que adjudique viviendas protegidas, por lo que reclamó a los ciudadanos que «exijan que el registro funcione» y que lo haga «con transparencia» y con la suficiente «información». «Es la única forma de garantizar la igualdad de condiciones» en el acceso a viviendas protegidas, añadió al respecto. María Antonia Trujillo pidió además a los ciudadanos que denuncien ante la Administración «el sobreprecio» en viviendas protegidas, cuyo precio «es tasado» y «no se puede cobrar más» por encima de los baremos oficiales. Según advirtió, el Ministerio de Vivienda «irá a la Fiscalía» si detecta cualquier «ilegalidad o fraude» en los precios de este tipo de vivienda. Fuera de tono Por su parte, el alcalde de Valladolid acusó a la ministra de «venir a insultar, por desconocimiento de la ley», ya que cuando se adjudicaron esas viviendas, una de ellas a un hijo suyo, «no había registro ni el sistema de sorteo» que se exige en la actualidad. Francisco Javier León de la Riva, en declaraciones a los periodistas, aseguró que ese registro de demandantes de vivienda protegida existe en la actualidad en Valladolid, por lo que la ministra «posiblemente no sepa de qué fecha estamos hablando» en relación con las adjudicaciones objeto de polémica. Registro de VPO En esta misma línea, el consejero de Fomento reclamó a María Antonia Trujillo que si existen «ilegalidades», acuda «a los tribunales», en vez que hacer «declaraciones de cara a la galería», «fuera de tono» y que «no se ajustan a la realidad». Silván defendió que el registro funciona en Castilla y León «con criterios de transparencia». A su juicio, Castilla y León es «la única comunidad que aplica de manera integral todas las medidas» del Plan Estatal de Vivienda 2005-2008, lo que «redunda en esa transparencia y en esa legalidad». «Este tipo de adjudicaciones son una indecencia y una ilegalidad» MARÍA ANTONIA TRUJILLO Ministra de Vivienda