El Gobierno aprueba el centro de la Memoria Histórica en Salamanca La Fiscalía de Medio Ambiente tramita nueve casos, uno de ellos en León

El Gobierno destinará 9 millones de euros para adaptar las instalaciones de la Audiencia Provincial de Salamanca como una de las sedes del Centro de la Memoria Recuperada, sin renunciar al Palacio de Orellana que, según el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, será expropiado por el Estado «con todas las consecuencias». El centro completará sus servicios con las dependencias del actual Archivo de la Guerra Civil. El Consejo de Ministros aprobó la creación del Centro de la Memoria Histórica, un espacio documental «de primer rango nacional e internacional» que concentrará «la mayor representación de lo ocurrido en España de 1936 a 1978», gracias al «mayor fondo bibliográfico y archivístico» de esta naturaleza, explicó Caldera. El ministro indicó que el centro aglutinará fondos documentales adquiridos o donados y además custodiará colecciones de documentos de otros archivos de la Administración General del Estado. En total, el Centro de la Memoria albergará 45 kilómetros lineales de documentos, cinco veces más que el actual Archivo de la Guerra Civil. Para ello, será necesario incrementar la plantilla actual pasando de 36 empleados a 60 personas cualificadas, así como el espacio. Caldera añadió que el Centro de la Memoria será de gestión estatal, dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia e integrará el actual Archivo de la Guerra Civil. Contará con un director que será nombrado por el Ministerio de Cultura y también con un patronato del que formarán parte representantes de la Junta, de la Universidad de Salamanca y el alcalde de Salamanca. Respecto a las sedes del futuro Centro de la Memoria, Caldera explicó que el «patrimonio público» se enriquecerá al servicio de todos los ciudadanos con la expropiación de Orellana, una actuación avalada por el Tribunal Supremo, que ha contemplado la «dejadez» en la que los propietarios mantenían el inmueble. La operación culminará cuando la Administración de Justicia determine el precio a pagar por el inmueble, después de considerar que la cantidad marcada por los propietarios era lesiva para los intereses públicos. El ministro de Trabajo atribuyó parte del retraso en la puesta en marcha del Centro de la Memoria a los «obstáculos» puestos «por el PP» para que el Gobierno pudiese hacerse con esta sede. Así, consideró que la actitud mantenida por los propietarios «no es inocente» y que de no haber sido por ello «ya se habría iniciado el centro». En cuanto a la sede en la Audiencia Provincial, Caldera explicó que el lugar donde se trasladarán las instalaciones de la Administración de Justicia lo decidirán los ministerios de Economía y Justicia. Según precisó, la intención es «iniciarlo cuanto antes», espera que sea antes del verano, para poder comenzar con la rehabilitación interna del edificio.Hasta el momento, se barajan varias alternativas de reubicación. La Fiscalía de Medio Ambiente ha tramitado al menos nueve casos en Castilla y León, cuatro de ellos en Segovia, dos en Valladolid, uno en León y otro en Ávila, el de la Ciudad del Golf de Las Navas del Marqués. Desde su creación, en marzo de 2006, hasta el 31 de diciembre, la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo ha atendido 98 asuntos remitidos por particulares, asociaciones y organismos diversos, y de ellas la mayoría, 62 (63%), «han versado sobre denuncias de irregularidades urbanísticas». Estos son algunos de los datos que se contienen en la primera Memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo que se realiza y que se incluirá en la Memoria de la Fiscalía General del Estado. Desde la designación en marzo de 2006 de Antonio Vercher como fiscal delegado en esa materia, se han tramitado 98 asuntos, la mayoría denuncias de irregularidades urbanísticas