La Junta denuncia contradicciones en la Ley de Dependencia

La Gerencia de Servicios Sociales remitió ayer al Ministerio de Trabajo un conjunto de alegaciones a la propuesta del convenio de colaboración entre la Administración central y la Junta para desarrollar el marco de cooperación interadministrativa para el desarrollo de la Ley de Dependencia, por entender que el documento contraviene la normativa regional, al tiempo que pretende cubrir con los 1.014 euros previstos por dependiente el programa de inversiones; subvención de ayudas técnicas y los gastos administrativos y de gestión, según explicó el gerente regional de Servicios Sociales. En este último punto, el gerente explicó que, con carácter general, la financiación del nivel acordado debe vincularse directamente a los servicios y prestaciones determinados, teniendo en cuenta que el esfuerzo inversión de la comunidad y la planificación «optan por derivar los recursos a la concertación o a la mejora de los servicios existentes, lo que supone gasto corriente, después de las fuertes inversiones de los últimos años». Además, «las inversiones que se considere necesario realizar se afrontarán en los próximos años con presupuesto autonómico. El responsable de la Gerencia indicó que esta filosofía es coincidente con la Ley 39/2006 que se dirige a facilitar servicios y prestaciones a los dependientes, y se considera que todo el esfuerzo financiero que el Estado deba hacer en la Comunidad Autónoma «ha repercutir directamente en servicios».