Educación para la Ciudadanía no se impartirá hasta el curso 2008-2009

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León incorporará a las materias de la enseñanza de secundaria la asignatura de Educación para la Ciudadanía a partir del curso 2008-09. Con la implantación de esta materia en ese curso, el Gobierno regional agotará el plazo máximo de dos años en la aplicación de este contenido previsto por la Ley Orgánica de Educación. Así lo manifestó ayer en Segovia el viceconsejero de Educación Escolar de la Junta de Castilla y León, Fernando Sánchez Pascuala, que mantuvo una reunión de trabajo con el director provincial de Educación, Antonio Rodríguez con el fin de preparar el inicio del próximo curso académico en la provincia de Segovia. En sus declaraciones a los periodistas, Sánchez Pascuala indicó que la decisión del Gobierno regional en implantar esta nueva asignatura a los estudiantes de secundaria, coincide con la del Gobierno de Castilla-La Mancha. Así mismo, aseguró que la decisión del Ejecutivo castellano-manchego gobernado por los socialistas «demuestra una actitud prudente, que es la que toda administración educativa debe tener en la aplicación de nuevos sistemas». Cautela ante la nueva medida «La puesta en marcha de cualquier novedad dentro del ámbito de la educación requiere bastante tranquilidad y tiempo, aseguró. «Y hay que dar un margen para su aplicación, que para nosotros es el del próximo curso como el más adecuado», añadió el viceconsejero de Educación de la Junta. El viceconsejero criticó el carácter «ideologizante» de la controvertida asignatura en concreto, y aseguró que muchos de sus contenidos «entran en conflicto con la libertad de muchos de los padres de los escolares», por lo que propuso que tenga carácter optativo para que las familias «puedan decidir, si sus hijos la imparten o no, al igual que se hace en la asignatura de religión». En cuanto al inicio del próximo curso, Sánchez Pascuala aseguró que la Consejería de Educación incorporará como principal y máxima novedad la aplicación del decreto de derechos y deberes de todos los alumnos. Este decreto tiene como principal objetivo reforzar la autoridad por parte de los profesores en el centro escolar y mejorar la convivencia entre alumnos y docentes. Así mismo, quiso añadir que esta normativa, que deberá incluirse en el reglamento de régimen interno de los centros educativos prevé también conseguir un mayor compromiso por parte de los padres en la educación de sus hijos, consiguiendo que poco a poco se vayan involucrándose. Todo este cambio en la normativa para conseguir un «objetivo en común»: reducir el fracaso escolar en la comunidad de Castilla y León -tan preocupante en los últimos años- hasta el 15 por ciento, porcentaje medio en la Unión Europea. «Muchos de los contenidos entran en conflicto con la libertad de los padres» FERNANDO SÁNCHEZ Viceconsejero de Educación