León ha presentado el 22% de las quejas que ha recibido el Procurador del Común

El próximo jueves, el procurador del Común, Javier Amoedo defenderán en las Cortes de Castilla y León las reclamaciones del Informe del 2006 que se presentó en junio y que en este periodo han registrado la cifra más alta desde que se creara este comisionado. Con un total de 580, lo que supone un 22% del global, y seguida muy de cerca por Valladolid, que remitió 557, alcanzando así el 21%, León es la provincia que más quejas dirigió al Procurador del Común de Castilla y León durante el año 2006, según se desprende del informe que ofrece la institución para dar a conocer las estadísticas sobre el periodo de referencia. Con una significativa diferencia, Burgos se sitúa en la tercera posición de este ránking, con 315 reclamaciones que equivalen a un 10%; le sigue Salamanca con 241 y el 9% y a continuación Ávila y Palencia con 187 y 176 quejas respectivamente, aunque coincidiendo ambas en el 7%. Con un punto menos, es decir, un 6%, Zamora emitió 156, mientras que de Segovia salieron 139 (5%) y de Soria 92 (3%). Otro 6% de las quejas tiene su origen en otras provincias y el 1% corresponde a 14 escritos de procedencia desconocida. Para finalizar, desde el extranjero se enviaron tres reclamaciones. Récord en el 2006 Entre todas ellas suman un total de 2.617 quejas con las que en el 2006 se ha batido el récord en la recepción de disconformidades, un capítulo que no experimentaba ese volumen desde hacía una década. Así, en 1.996, un año después de que se creara la figura del Procurador del Común, se recibieron 2.587 quejas, cifra que fue descendiendo en años posteriores hasta encontrar nuevamente su punto más álgido en el ejercicio que nos ocupa. En la fase de tramitación, casi la mitad fueron admitidas: un total de 1.176, es decir, el 45%. De todas ellas se aceptaron en su totalidad 246 y otras 38 (7%) de forma parcial. Por el contrario, 88 quejas (16%) no fueron aceptadas y 154 (29) están pendientes de contestar. El comisionado de las Cortes de Castilla y León ejercerá la función primordial para la que se creó: velar por los derechos fundamentales de los ciudadanos y supervisar las actuaciones de las administraciones y poderes públicos en el caso de que éstos pudieran inferirse. A juzgar por el incremento de las quejas, lo que no le va a faltar a la institución durante esta temporada, es trabajo, ya que según las conclusiones de las Jornadas de coordinación de Defensores del Pueblo, «la situación actual del urbanismo y la vivienda presenta importantes problemas sociales que afectan a la calidad de vida de los ciudadanos y a sus derechos constitucionales». Así, el mayor quebradero de cabeza para un buen número de personas es tener un sitio digno para vivir, motivo por el que mucha gente se ve obligada a incrementar su nivel de endeudamiento. Si bien este el problema estrella del momento en que vivimos, en el Parlamento también tienen cabida las situaciones que se contemplan en los Informes especiales y que tienen que ver con la salud mental, la tercera edad, las personas con discapacidades y los menores.