Vía libre a la revisión de la Ley de Prevención Ambiental

El Pleno de las Cortes regionales aprobó ayer, con los votos a favor de la mayoría popular y en contra de la oposición socialista, la propuesta de modificación de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León con objeto de que más de 20.000 empresas e instalaciones no se queden sin amparo legal por no tener la renovación de la licencia el 30 de octubre y unos 2.000 municipios se vean abocados a paralizar su actividad. Este fue el argumento de fondo que defendió el popular José Antonio de Miguel Nieto al exponer los motivos por los que su Grupo presentó una Proposición de Ley, aprobada por lectura única ante la urgencia de que las empresas se adapten a la normativa. La ley de Prevención Ambiental, aprobada en 2003, incorpora las figuras de autorización ambiental autonómica y licencia ambiental local para empresas que causen un impacto sobre el medio ambiente, cuya adecuación debe ser antes del 30 de octubre de 2007. Según la modificación del PP, las empresas sujetas sólo a la licencia municipal, unas 20.000, sin problemas especiales para el medio ambiente podrán seguir con la actividad y no quedarán sin amparo a partir de esa fecha, además los consistorios no se verán sometidos a su paralización ni tampoco se desbordará su gestión administrativa diaria. «No estamos de acuerdo en que se modifique una ley a la carta o a capricho porque la Administración no tendrá legitimidad para pedir que se cumplan las normas», argumentó la portavoz socialista de Medio Ambiente, Monica Lafuente.