A pocos día del estreno

La aprobación final de la Proposición de Ley de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León se producirá en el Senado en una sesión prevista para el 21 de noviembre en la que estará presente el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y según fuentes del Gobierno regional, discurrirá con un «acto especial» para ese día. Así, antes de llegar a esta última fase, el Congreso de los Diputados aprobó el martes pasado el dictamen del proyecto de reforma con 299 votos a favor, ninguno en contra y 13 abstenciones, pertenecientes estas últimas a los diputados de Izquierda Unida, Bloque Nacionalista Galego, Xunta Aragonesista y Partido Nacionalista Vasco. Además del alto grado de consenso que se alcanzó en las Cortes y en el Congreso, circunstancia que destacaron tanto el Gobierno de la Nación como los grupos mayoritarios PP y PSOE, los altos niveles de autogobierno de que gozará la comunidad es otro punto en el que también coincidieron todos ellos, por lo que este logro político resulta positivo desde todas las perspectivas. En representación del Gobierno de Castilla y León se trasladó al Congreso de los Diputados el consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo regional, José Antonio de Santiago Juárez, que defendió en abril la propuesta como portavoz del Grupo Popular en las Cortes regionales. Por su parte, la delegación de Castilla y León en el Congreso está encabezada por el presidente de las Cortes, José Manuel Fernández Santiago, y los portavoces de los grupos Popular, Carlos Fernández Carriedo, y Socialista, Ángel Villalba, así como por procuradores de ambos grupos. Tercera reforma Con la tercera reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León culminará un proceso que se ha prolongado durante más de tres años y que el presidente de la Junta inició en el año 2004 en el transcurso del debate del estado de la comunidad. En aquella sesión, Herrera planteó a los grupos parlamentarios la posibilidad de revisar la carta magna regional con el objetivo de ampliar el autogobierno, para lo cual aportó un listado de 40 materias entre las que figuraba la gestión de la Cuenca del Duero, aunque sobra decir que la Ley de restitución de los documentos incautados a Cataluña influyó notablemente en la creación de la propuesta. Teniendo en cuenta estas premisas, en febrero de 2005 el jefe del Ejecutivo regional presentó en la Cámara una agenda política en la que la reforma estatutaria primaba como una de las metas para esa legislatura, iniciándose con esto una ronda de entrevistas entre el presidente de la Junta, agentes sociales y portavoces parlamentarios. En junio de ese mismo año Herrera presentó las bases para la reforma y un día después los grupos PP y PSOE aprobaron una propuesta de resolución para sacar adelante este cometido con un grupo de trabajo que lideraron el portavoz popularJosé Antonio de Santiago Juárez y el socialista Ángel Villalba. Partidos políticos sin representación parlamentaria, agentes sociales, económicos, culturales y universidades, tuvieron también su oportunidad de dejar oír sus voces en la Cámara, y un año después, en junio de 2006, la Comisión no Permanente del Estatuto aprobó una reforma que el mes siguiente se registró en las Cortes como Proposición de Ley. Es a partir de este momento cuando se aprecia una mayor celeridad en las tramitaciones: el pleno que se celebró el 12 de septiembre rechazó la enmienda a la totalidad de Unión del Pueblo Leonés, el 17 de noviembre se cerró el debate en la Comisión parlamentaria y el 29 de ese mismo mes se ratificó la Proposición de Ley con el respaldo de 78 procuradores de PP y PSOE y el voto en contra del leonesista Joaquín Otero. Encabezada por el presidente de las Cortes, José Manuel Fernández Santiago, una delegación parlamentaria registró el 5 de diciembre en el Congreso un texto de reforma en el que guardando respeto a la Constitución se amplían competencias, entre ellas la de gestionar la Cuenca del Duero, se reconoce a Castilla y León como una Comunidad histórica y cultural que surge de la moderna unión de los territorios que componían las antiguas coronas de León y Castilla y declara la lengua castellana y el patrimonio artístico y cultural como valores esenciales. Sin ningún voto en contra el Congreso de los Diputados tomó en consideración la propuesta. No obstante, surgieron algunas pequeñas polémicas en la parte concerniente a las enmiendas. En este apartado, el secretario regional socialista mencionó algún cambio con «contenido leonesista», a lo que se sumó el pacto en el Ayuntamiento de León entre UPL y PSOE. Así las cosas, Juan Vicente Herrera y el presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, mantuvieron una reunión en la que se trató, entre otros, el tema del Estatuto y su aprobación antes del fin de la legislatura. Como resultado, el 25 de septiembre se registraron una serie de enmiendas sin que figuraran entre ellas peticiones de carácter leonesista por parte de los grupos mayoritarios que mantuvieron el consenso. Una vez que se debatieron las enmiendas, la Comisión, en sesión única, aprobó el dictamen y el pleno del Congreso ratificó la proposición, por lo que ya solo falta el último visto bueno que corresponderá al Senado.