La Junta espera firmar el convenio de la Dependencia con el Ministerio

La Junta de Castilla y León prevé firmar con el Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales el convenio de la Dependencia, por el que ambas administraciones acordarán los objetivos, medios y recursos para la aplicación de los servicios y prestaciones que recoge la Ley, así como las cantidades que ambas aportan. De este modo, tras varias alegaciones y posturas encontradas, se dará el paso definitivo para que el Ejecutivo regional reciba del Estado los 17 millones fijados para el nivel acordado, a los que se unirán los 16 de nivel mínimo. Por su parte, la Junta aportará 33 millones de euros. En principio, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades recibirá hoy el borrador del convenio que, una vez verificado por los servicios jurídicos, se podría firmar en unas dos semanas, según explicó a Ical la gerente regional de Servicios Sociales, Milagros Marcos, tras la reunión que ayer mantuvo con la directora general del Imserso, Natividad Enjuto. Por lo que respecta al desarrollo de la normativa estatal para determinar la capacidad económica y aportación de los usuarios y la acreditación de centros y servicios, dos aspectos que han provocado que la Junta no aplicara la norma, Marcos explicó que, finalmente, debido a que el plazo para que se diera luz verde a estos proyectos concluyó el viernes, el Gobierno regional aplicará su propio sistema. «Pese a que el Consejo Territorial es el que debe fijar las pautas, con esta decisión vamos a desarrollar 17 modelos», denunció, para lamentar que en la actualidad no quedan «muchas alternativas». En este sentido, Marcos insistió en la voluntad de la Junta de «trabajar en la Mesa de Diálogo Social para avanzar lo más rápido posible y aplicar un buen sistema para Castilla y León. Será parecido o no al de otras autonomías, pero está claro que hay que conceder prestaciones», añadió la gerente, quien lamentó que no se hayan aplicado todos los puntos según lo previsto en la Ley. Entre otros aspectos, la gerente insistió a la directora del Imserso en la necesidad de diferenciar en 2008 entre la financiación objeto del convenio y la precisa para la puesta en marcha de la Ley. «Hay que reconocer que es un asunto complicado, aunque Castilla y León cuenta con una estructura de servicios sociales amplia. Es preciso discernir estas cuestiones, porque redundará en los beneficiarios. Este año son dos conceptos que se incluyen de forma conjunta, con lo que la diferencia la aportará la Junta», añadió. Finalmente, también solicitó que las cuantías que se transfieran a las comunidades autónomas no sean cerradas, sino que se adapten a las necesidades.