Los afectados por la explosión de Palencia exigen compromisos firmes

La Asociación de Víctimas y Afectados de Gaspar Arroyo, creada a la raíz de la explosión de gas que causó nueve muertos y una treintena el heridos el pasado 1 de mayo en Palencia, afirmó ayer que la concentración convocada en la Plaza Mayor el próximo sábado se debe a los «engaños y errores» que retrasan la reconstrucción de los tres bloques de viviendas derruidos. Según su presidente, José Luis Ainsúa, de momento «hay pocas realidades y muchas preguntas sin respuestas que se hacen los damnificados». Además, calificó de error la fórmula de incluir una modificación puntual en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), para permitir que se edifiquen las cinco plantas, más otra baja que tenían los edificios afectados frente a las tres que prevé la nueva normativa urbanística. Pendientes del PGOU «Es una barbaridad unilateral que el concejal de Urbanismo diga ahora que el PGOU se aprobará en enero», añadió el portavoz de los afectados. A su juicio, es precisa una medida excepcional porque hay muchos aspectos urbanísticos de importancia para la ciudad que pueden retrasar que la Comisión Regional de Urbanismo dé su visto bueno. «Queremos compromisos firmes y máquinas trabajando antes de las elecciones generales», reclamó Ainsúa. Además, criticó que las instituciones implicadas en la reconstrucción -Ministerio de Vivienda, Junta y Ayuntamiento- no hayan hecho llegar al colectivo que representa el borrador con el convenio económico que permitirá reconstruir las viviendas. «Hay que 'chinchar' a las instituciones siempre», expuso, al tiempo que señaló que el apoyo prestado de forma inmediata tras la tragedia, «se hizo como suele ocurrir de cara a la galería dada la cercanía de las elecciones municipales y autonómicas, al tener que vender bien la gestión pública, pero ahora hay que actuar». Para José Luis Ainsúa, la concentración del sábado pretende que se «tome nota de que la gente está en la calle y de que los vecinos hemos puesto todo, hasta los muertos». En este sentido criticó que, pese a que los afectados han cedido a la empresa pública Gical los terrenos y el dinero de indemnizaciones y seguros para sufragar el coste de la reconstrucción, «ahora no se aclara si al pretender hacer viviendas públicas estás no se podrán vender en 30 años ni alquilar».