Canarias envía 90 menores inmigrantes a Salamanca sin permiso del Gobierno

Las desavenencias entre el Gobierno central y el de Canarias a cuenta de la inmigración clandestina amenazan con un conflicto institucional. El Ejecutivo insular envió por sorpresa ayer a la península, concretamente a Salamanca, un primer contingente de 20 menores indocumentados sin consultar, ni siquiera avisar, a Madrid, y avisa que antes del 3 de diciembre repetirá la operación con otros 70 adolescentes. El incidente, el último en una escalada de desencuentros entre Coalición Canaria y el Ministerio de Trabajo, ha provocado que Moncloa se replantee su colaboración en materia de extranjería con el Ejecutivo de Paulino Rivero. El viaje de los menores, procedentes de Senegal, Mali, Guinea y Ghana, es fruto exclusivo de un acuerdo entre los gobiernos autonómicos de Canarias (de Coalición Canaria con el apoyo del PP) y el popular de Castilla y León. Según explicó ayer la consejera de Bienestar Social del archipiélago, Inés Rojas, los 90 menores serán acogidos en un centro gestionado por la organización no gubernamental Fundación Armenteros en la provincia de Salamanca. Competencia autonómica El Gobierno isleño sostiene que no tiene por qué avisar ni coordinarse con el Ejecutivo central, ya que la tutela de los adolescentes corresponde a las comunidades autónomas. El gabinete de Rivero justificó la operación de traslado de menores a espaldas al Ministerio de Trabajo por el «incumplimiento» de la promesa de la administración central de distribuir en centros de la península los mil menores acogidos en los hacinados establecimientos del archipiélago, principalmente de Tenerife y Canarias, con capacidad para atender a no más de 300 niños y jóvenes. Además, Canarias insiste en que el gobierno autonómico, sin ayuda alguna, será el único que se haga cargo de todos los gastos que genere el traslado y el mantenimiento de los adolescentes africanos en Salamanca, que será de cerca de 80 euros diarios. Fuentes gobierno autonómico arguyen que los servicios jurídicos del gabinete insular y la Fiscalía del Menor no han encontrado impedimento legal alguno al traslado masivo, que cumple con «todos los protocolos». Los responsables del Ministerio de Trabajo reconocen que el traslado, en principio, es legal, pero se quejan de la «deslealtad» del Gobierno autonómico, que en reiteradas ocasiones ha rechazado el ofrecimiento, hecho por el Grupo Socialista en el Congreso, de que la Administración Central coordinase el traslado de 200 nuevos menores a la península.