Los servicios autonómicos garantizan un plan individual de atención social

La Ley de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia de Castilla y León garantizará un plan individual de atención a la persona que se beneficie del sistema, siempre que la intervención se prolongue en el tiempo. Su elaboración se realizará, teniendo en cuenta la opinión del afectado, en función de una valoración y diagnóstico previos que serán revisables. Además, estas personas tendrán derecho a la asignación de un profesional de referencia que ejercerá las funciones de interlocución, coordinación y seguimiento del caso, según figura en el último borrador del anteproyecto de Ley al que tuvo acceso Ical. El documento, que fue distribuido esta semana entre los colectivos que participarán en la elaboración de la norma, a tenor del consenso que el Gobierno regional quiere alcanzar sobre su contenido, reconocerá como titulares de estos derechos a los ciudadanos oriundos o procedentes de Castilla y León que emigraron en su día. En concreto, tendrán derecho a las prestaciones del sistema que persigan su retorno. Situación de necesidad También, establece que serán titulares del derecho subjetivo las personas en situación de necesidad personal básica, en situación de riesgo, ya sean ciudadanos nacionales de los estados miembros de la Unión Europea empadronados en algún municipio de la región, o personas transeúntes y los extranjeros, exiliados, refugiados y apátridas que se encuentren en territorio regional, siempre respetando los criterios de la Ley de Extranjería. El borrador fija una malla territorial del sistema, siempre bajo las premisas de proximidad a los ciudadanos y descentralización, con el fin de «facilitar el conocimiento de las necesidades, accesibilidad a los servicios e intervención en el propio entorno», y con el fin de una gestión racional e integral de los recursos. De este modo, se constituirán zonas de acción social, la unidad básica de articulación y la de referencia para la detección de las necesidades y asignación de recursos. Cada zona rural con 10.000 habitantes contará con una, mientras que en el caso de las urbanas las integrarán un mínimo de 20.000 habitantes.