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El PP exige la convocatoria «urgente» del Consejo de la Dependencia

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ical | valladolid

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Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular exigirán la próxima semana al responsable de la cartera de Asuntos Sociales, una vez que se configure el nuevo Ejecutivo central, una reunión para solicitar la convocatoria «urgente» del Consejo Territorial de la Dependencia. El objetivo es que se desarrollen asuntos pendientes de la Ley, tales como el sistema de acreditación de centros y servicios y la formación que deben recibir los cuidadores familiares para, una vez dados de alta en la Seguridad Social, percibir una remuneración. Así lo expusieron ayer el consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades y su homólogo en la Comunidad Valenciana, el vicepresidente de Bienestar Social, César Antón y Juan Cotino, respectivamente, tras mantener un encuentro en el que abordaron cómo las dos autonomías vienen aplicando la norma desde su aprobación. Ambos coincidieron en que junto a los dos aspectos anteriores es necesario que la aportación económica para cubrir el Sistema Nacional de Atención a la Dependencia tenga una aportación mayor por parte del Gobierno central, «hoy insuficiente», y garantizada en el tiempo, ya que, según la memoria económica de la Ley, se fija el umbral de 2015, explicó Antón. Desarrollo de la norma A estas tres premisas, los consejeros añadieron su deseo de conocer cuál es la situación del desarrollo de la norma en el conjunto del país (solicitudes, resoluciones, servicios prestados, etc.). «Es algo que sólo conocemos por medio de reuniones e intercambios como este», insistió Antón, para precisar que la propia norma lo fija y que también es preciso conocer estos datos para poner sobre la mesa «qué puede poner en peligro la aplicación de la Ley». Antón, quien declinó dar cifras económicas sobre lo que supone la aplicación de la norma para la Junta y lo que aplica el Estado, tan sólo expuso que en Alemania, donde se aplica desde hace dos años con criterios y servicios similares, en el último año el Gobierno destinó 18.000 millones para dos millones de usuarios, mientras que en 2015 en España serán 4.400.