La Ley de Servicios Sociales incluirá atención temprana y la teleasistencia

La futura Ley de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia de Castilla y León reconocerá como derechos universales de la población la atención temprana dirigida a niños con discapacidad; medidas específicas para la protección de menores de edad en situación de riesgo o desamparo, junto a las ayudas básicas para la atención de necesidades de subsistencia urgentes y la teleasistencia para mayores de 80 años. Aunque la Administración ya aplica algunas de estas medidas, la novedad reside en que, una vez que se apruebe la normativa, tendrán carácter obligatorio para el conjunto de la comunidad, según recoge el borrador del anteproyecto de Ley. La normativa, uno de los compromisos de Legislatura del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, incluye también entre el conjunto de prestaciones esenciales las de orientación, información y asesoramiento; valoración, planificación de caso y seguimiento y las previstas en la normativa nacional en materia de dependencia. Es decir, ayuda a domicilio; atención en centro de día y de noche; atención residencial; prestación económica de cuidados en el entorno familiar y la prestación económica de asistencia personal. El texto normativo supondrá avanzar en el acceso de la población al sistema, ahora muy disperso, para lo que creará un sistema de ventanilla única a través de los centros de acción social. Además, vendrá a reconocer el peso de estos satélites administrativos, al otorgarles la capacidad de gestionar prestaciones y debido a que el nuevo modelo de servicios sociales descansará sobre los Ceas. Si se compara con el sistema sanitario, vendrían a convertirse en la atención de primer nivel, la primaria. Aunque el catálogo de servicios tendrá que desarrollarse por medio de un decreto, una vez que la Ley vea la luz, el proyecto de la normativa abre la puerta a que pueda actualizarse con mayor periodicidad, como también ocurre en el sistema sanitario. Para ello, la Administración deberá contar siempre con el informe previo del Consejo Regional de Servicios Sociales y del Consejo de Coordinación Interadministrativa para la Acción Social. Las entidades locales competentes en la materia también participarán en su elaboración.