El Gobierno comenzará en un mes el traspaso de la CHD a la Junta

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, acordaron la constitución de la Comisión bilateral de Cooperación en la primera quincena de julio con dos prioridades: el traspaso de las competencias del Duero «sin urgencia ni precipitación» y la coordinación de las actuaciones de ambas administraciones en torno al Plan de Convergencia Interior que elaborará el Gobierno autonómico. Aunque no estaba previsto, a la salida de la reunión, que se prolongó durante hora y media, el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Fernando Puig de la Bellacasa, informó a la prensa de los acuerdos alcanzados. El portavoz del Ministerio destacó la «complejidad técnica y jurídica» de las transferencias que afectan a la Cuenca del Duero, por lo que consideró «necesario abordar los trabajos con prontitud». Eso sí, subrayó en dos ocasiones que el traspaso deberá realizarse «sin urgencia ni precipitación». Una ponencia técnica se encargará de desarrollar los trabajos desde mediados de julio, según contempla el nuevo Estatuto de Autonomía. En el caso del Plan Plurianual de Convergencia Interior, que el Gobierno regional deberá remitir a las Cortes, Fernando Puig aclaró que el compromiso del Ejecutivo central será el de coordinar actuaciones y coordinar la información de ambas administraciones «para evitar duplicidades». «El plan es de responsabilidad autonómica, otra cosa es que el Gobierno se comprometa a coordinar sus acciones», destacó el alto cargo del Ministerio. «Los intereses son los mismos, pero cada cual tiene sus responsabilidades», añadió el dirigente del órgano estatal. El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, que se reconoció «muy satisfecho» con los resultados de la reunión, coincidió con las aclaraciones de Puig respecto al Plan de Convergencia Interior, aunque reiteró la solicitud de la Junta de que el 25% del Fondo de Desarrollo Rural asociado a la ley, que asciende a 500 millones de euros al año, se destine a inversiones en la comunidad. Serían 125 millones del Estado que irían a parar a municipios de menos de 5.000 habitantes o de la Red Natura. De Santiago-Juárez destacó también, dentro de las subcomisiones que dependerán de la nueva Comisión, la creación de un órgano de trabajo que permita resolver los litigios pendientes entre ambas administraciones, para evitar los «cuatro, cinco o seis años» que invierte el Tribunal Constitucional en resolver un recurso. En total, hay siete asuntos pendientes, dos son recursos del Estado a decisiones de la Comunidad y cinco en dirección contraria.