La León-Bragança será un corredor clave en la ordenación territorial

Después de nueve años de preparación, la Ley de Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León fue finalmente aprobada ayer en las Cortes. Salió adelante con los votos populares y los procedentes del Grupo Mixto, y contempla la León-Bragança como corredor de conexión entre la comunidad y Portugal. Se añade así esta nueva infraestructura a las conexiones ya reconocidas con el país vecino y que atraviesan Zamora y Salamanca. Para llegar a tal punto, Joaquín Otero, portavoz del Grupo Mixto, propuso una enmienda en la que, según los populares, «especificaba demasiado», ya que concretaba, entre otros aspectos, el tipo de vía o los lugares concretos por los que debía atravesar. Otero aceptó la crítica y cambió su texto hasta llegar a la enmienda aprobada: «el corredor que comunica la ciudad de León con Bragança (Portugal) y que complementa las comunicaciones entre León y Asturias, permita la interconexión del norte de Portugal con el Cantábrico». Rechazo socialista Pero esa sería la única enmienda que los populares iban a aceptar durante el debate; los socialistas presentaron un total de 98 rectificaciones, de las que dos le fueron aprobadas en ponencia y 17 fueron transaccionales. Alfredo Villaverde fue el responsable de defender desde la tribuna las 79 restantes, aunque ninguna llegó a buen puerto. Comenzó su intervención asegurando que el texto era un «engaño, un fraude y una mentira política». Las razones para tales calificativos se basaron en la consideración de que la Ley «no protegerá el patrimonio natural y cultural, ni evitará la ingerencia de los intereses de las empresas, y tampoco garantizará la igualdad en la prestación de servicios públicos». Villaverde propuso entonces un modelo comarcal como respuesta a la necesidad de trabajar «un escalón por encima de los municipios». Las provincias, según los socialistas, han demostrado no servir para aplicar las políticas de desarrollo, «lo que ha contribuido a la despoblación en favor de las ciudades». Pero no pudo ser. El popular José Antonio de Miguel se encargó de echar por tierra los argumentos a favor de las comarcas ya que «el modelo territorial de Castilla y León es fuerte y solvente, capaz de servir a los ciudadanos de la comunidad y mejorar su calidad de vida». Por lo tanto, la Ley de Ordenación del Territorio asienta sus bases en un modelo provincial, aunque también contempla la creación de áreas funcionales, que permitirán llevar a cabo la prestación de servicios con mayor eficacia, así como una Red de Centros Urbanos, en los que se incluirá aquellos núcleos de 5.000 o más habitantes. La Junta cuenta a partir de ahora con un plazo máximo de dos años para presentar el decreto de las Directrices Complementarias, es decir, la traducción a medidas y acciones concretas que darán forma al texto.