El Consultivo no ve necesario revisar las ayudas para las universidades
El Consejo Consultivo de Castilla y León estimó en su reunión de ayer que «no procede revisar de oficio» una decena de órdenes de la Administración autonómica por las que se resolvió la convocatoria de ayudas para la elaboración y desarrollo de proyectos en torno a la armonización y convergencia de la enseñanza y gestión universitaria en el Espacio Europeo de Educación Superior, a iniciar en 2006. Resultaron beneficiarios de dichas ayudas, según figura en los expedientes dictaminados, las universidades de Valladolid, Salamanca y León, cuyos departamentos realizaron los proyectos para los cuales concurrieron a la convocatoria de la Consejería de Educación. La Consejería decidió incoar los expedientes de revisión de oficio tras el control financiero de las subvenciones concedidas a las universidades y el cotejo de las bases de la convocatoria. Hasta la fecha, el Consejo Consultivo de la Comunidad ha emitido 719 dictámenes, 31 de los cuales lo fueron por consultas de carácter preceptivo de las distintas administraciones sobre revisiones de oficio. Los expedientes sobre reclamaciones de responsabilidad patrimonial derivados de supuestas deficientes asistencias sanitarias centraron también ayer la reunión semanal de la institución. Así, se dictaminaron seis expedientes iniciados en las provincias de Valladolid, León, Ávila y Salamanca, y en todos los casos se desestimaron las respectivas reclamaciones al resolverse que las asistencias a los reclamantes fueron las adecuadas y no caber, por ello, imputar responsabilidad a la administración sanitaria. La institución presidida por Mario Amilivia desestimó también una reclamación presentada ante el Ayuntamiento de Béjar (Salamanca) e iniciada por una caída achacable, según la reclamante, al mal estado de una acera. Sin embargo, fue estimatorio parcial el dictamen derivado de un expediente iniciado en Valladolid debido a los daños sufridos por una mujer que resbaló en el aparcamiento de un instituto. El dictamen reconoce a la reclamante el derecho a percibir una indemnización de 14.760 euros, conforme con la valoración efectuada y aceptada por la Administración. Fue también estimatorio, a criterio del Consejo, el dictamen derivado de otro expediente de reclamación iniciado en Burgos debido a los daños sufridos en un accidente de tráfico por el mal estado de una calzada de titularidad autonómica. Los daños a indemnizar, comprobada la causalidad entre el funcionamiento de la Administración y los daños causados, se cifran en 806,70 euros.