La Junta recibirá el 20% de los ingresos de cortas de los montes

El proyecto de ley de Montes de Castilla y León, aprobado por el consejo de Gobierno, regula una gestión forestal sostenible y mantiene todos los aprovechamientos tradicionales de recursos para los vecinos de las zonas rurales con el objetivo de conjugar la conservación con el desarrollo del medio rural y el mantenimiento de su población. Así lo destacó la vicepresidenta primera y consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, que se ha tenido que adaptar a las modificaciones que realizó el Gobierno en 2006 de su ley estatal. Los casi cinco millones de hectáreas del territorio de Castilla y León, con el 31 por ciento arbolado, el 15 por ciento de la superficie arbolada nacional, confiere a la comunidad unas peculiaridades que la ley recoge, entre ellas las figuras sobre los montes vecinales y los aprovechamientos para vecinos y propietarios de los recursos de los montes, dado que el 50 por ciento son privados y la otra mitad pública. Por ello, la normativa incide en una gestión forestal sostenible en los planes de ordenación donde se recoge todo lo relativo a las cortas, limpiezas y usos de los productos, como la madera o los piñones. También se introduce la figura del monte protector, que requiere una conservación especial por sus características de conservación y riqueza forestal. Entre las novedades, Ruiz enumeró la creación del Consejo de Montes como órgano de consulta de la Administración de la autonomía, cuyo contenido se desarrollará mediante un reglamento tras la aprobación de la ley, y la modificación del porcentaje derivado de subastas y cortas, que pasa del 15 al 20 por ciento para las instituciones, de manera que se destinen a inversiones directas en los montes. En este momento, el titular de los montes percibe un 85 por ciento y ayuntamientos y Junta el 15%, que va a un fondo de mejora que se destina a inversiones, aportación que se incrementa hasta el 20 por ciento para el mismo objetivo. Para la titular de Medio Ambiente se trata de una ley participativa, en especial de los municipios y juntas vecinales forestales, cuyo trabajo se inició en 2005, pero que obligó a su revisión cuando en 2006 el Gobierno realizó una modificación de la norma básica que había aprobado en 2003. Así, el pasado año, después de las elecciones, el departamento de Medio Ambiente retomó el trabajo con la petición de nuevos dictámenes al c onsejo Económico y Social y al consejo Consultivo. En una exposición de motivos, siete títulos desarrollados en 125 artículos, diez disposiciones adicionales y una transitoria, se recogen el concepto básico de montes, la defensa y consolidación de la propiedad pública, la planificación, el régimen aplicable a los aprovechamientos, el régimen de conservación y protección y el fomento de los montes de utilidad pública.