Las Cortes debaten crear una comisión sobre la trama solar

La nueva portavoz del Grupo Socialista, Ana Redondo, ha elegido para su estreno en el cara a cara con el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, la crisis económica. En la sesión de control, con la que se iniciará hoy el pleno de las Cortes, Redondo requerirá al presidente que explique el grado de cumplimiento de las medidas que aprobó el Gobierno regional el pasado 14 de mayo. El área económica, en la que el presidente de la Junta y el líder de la oposición socialista han intercambiado propuestas para llegar a un acuerdo, también motiva otra pregunta del procurador socialista Óscar Sánchez, que hasta ahora siempre ha centrado sus intervenciones en Cultura, Patrimonio y Turismo. Sin embargo, en el pleno de mañana preguntará por la opinión de la Junta sobre las medidas económicas del Partido Popular. El portavoz del Grupo Mixto, Joaquín Otero (UPL), pide la valoración directa del presidente de la Junta sobre la posibilidad de fusiones entre cajas de ahorro de la Comunidad, motivada en que la crisis financiera ha promovido fusiones de entidades bancarias en Europa expuestas al riesgo hipotecario. Otero argumenta que el País Vasco, Extremadura y Andalucía estudian procesos de fusiones y considera necesaria, por la crisis, que ocurra lo mismo en Castilla y León. El plenario debatirá la petición por el Grupo Socialista de creación de una comisión de investigación en relación con presuntas irregularidades en la autorización, adjudicación, gestión o explotación de plantas de energía solar en Castilla y León. El Grupo Popular registró un escrito en contra de la comisión, por entender que no es necesaria a raíz de la investigación interna y de las explicaciones dadas por la Junta. La propuesta de la oposición socialista será rechazada por parte de la mayoría del PP, cuyos portavoces ya anunciaron su oposición cuando fue anunciada, el pasado mes de agosto. En la sesión, se debatirá y aprobará el proyecto de ley de creación del Consejo del Diálogo Social y de participación institucional de los agentes sociales, con lo que se cumple un apartado del Estatuto de Autonomía, de regular por ley la relación entre sindicatos, patronal y Junta. El texto llega acordado por el gobierno autonómico y los agentes sociales.