De Santiago Juárez vuelve a reprochar al Gobierno la falta de apoyo económico para la norma
La Junta refuerza con más de 14,2 millones la Ley de Dependencia
Las entidades locales y las diputaciones podrán contratar a más profesionales Los presupuestos para
El Consejo de Gobierno decidió ayer destinar una partida de 14,2 millones de euros para el refuerzo de la atención a las personas en situación de dependencia de Castilla y León, una dotación económica que vendrá a paliar las escasez de recursos que, según la Junta, destina el gobierno central a su desarrollo. De hecho, el portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago Juárez, puso como ejemplo de esa dejadez la intención del Gobierno de Cataluña de abandonar la aplicación de la ley por falta de fondos estatales, algo que «nosotros nunca vamos a hacer, aunque ya advertimos de que ese riesgo existía». El portavoz denunció tras la reunión del Consejo de Gobierno que la Ley creó unas expectativas que no se han cumplido, mientras que en Castilla y León siempre ha sido un compromiso de Juan Vicente Herrera, que ya anunció durante el discurso de investidura en la pasada legislatura su intención de desarrollar un proyecto de ley para los dependientes. Sin embargo, y ante el anuncio de José Luis Rodríguez Zapatero, «nos esperamos a que desarrollaran la ley básica». «Con ley o sin ley, siempre hemos apoyado a esas personas dependientes», concluyó De Santiago Juárez. El dinero del acuerdo aprobado por los consejeros de la Junta se divide en dos conceptos diferentes que parten el presupuesto entre las diputaciones y los ayuntamientos, y la cofinanciación de los Servicios Sociales Básicos. Así, 4.130.390 euros se destinarán a reforzar el personal de los servicios sociales básicos de aquellos ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y de las diputaciones. Esta medida permitirá contratar más profesionales durante el 2008 y facilitar así el desarrollo de la Ley de Dependencia. Ese nuevo personal tendrá como objetivo la puesta en marcha de los Programas Individuales de Atención (PIA), y cada corporación local podrá contratar tanto personal técnico como administrativo, aunque con restricciones: se establecen en un máximo de 36.391 euros al año por cada uno de los profesionales de grado medio contratados, y 23.427 por el personal administrativo. En la provincia Así, León recibirá 134.728 euros, Ponferrada 72.514 y San Andrés del Rabanedo 46.061, cantidades a las que hay que sumar la partida que recibirá la Diputación de León, unos 443.927 euros, la mayor de las contempladas para estas instituciones. En total, 15 ayuntamientos y las 9 diputaciones de la comunidad administrarán el dinero para el refuerzo de la atención a los dependientes en el ámbito local. El segundo acuerdo en torno a la ayuda a la dependencia contempla una partida de más de 10,1 millones de euros para cofinanciar, junto a las entidades locales, los Servicios Sociales y Prestaciones Sociales Básicas, reguladas en el Acuerdo Marco 2008. De esta forma, la Junta de Castilla y León amplía su aportación económica en más de un 17% respecto al año anterior, lo que se traduce en 91,7 millones para el año 2008. Los servicios sociales básicos recibirán 8.840.720 euros, mientras que otros 75.231 se destinarán a ayudas económicas de apoyo a las personas dependientes. Además, los proyectos piloto para la atención obtendrán 15.000 euros, la acción social 63.800, más de 184.000 euros para inclusión social y, finalmente, 943.927 euros para las personas con discapacidad. «Con ley o sin ley, siempre hemos apoyado a esas personas dependientes» DE SANTIAGO JUÁREZ Portavoz de la Junta