El Presupuesto del 2009 se ajustará a «la caída clara de los ingresos»

La consejera de Haciendade la Junta, Pilar del Olmo, avanzó ayer que los presupuestos generales de la comunidad para el 2009 tratarán de «mitigar» los efectos de la crisis económica en Castilla y León. Del Olmo, que mañana registrará en las Cortes el Proyecto de Ley de los Presupuestos, después de que sea aprobado por parte del Gobierno autonómico dentro del plazo establecido en el Estatuto de Autonomía, rehuyó avanzar las características del proyecto, pero admitió que llevará consigo una contención de gasto debido a una «caída clara de los ingresos». La consejera aludió a mañana cuando el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ofrecerá los ejes de las cuentas, las cuales se han elaborado en una situación «distinta a años anteriores, donde la economía era pujante», indicó, minutos antes de participar en la festividad de Nuestra Señora del Pilar, patrona de la Guardia Civil, celebrada en Valladolid. Además, insistió en que la Junta no congelará los sueldos de los empleados públicos, sino que los incrementará un dos por ciento, como establece la Ley de Presupuestos del Estado. Esta será la subida «realizando un gran esfuerzo en unos momentos en los que existe una crisis económica que muchas familias y muchas personas sufren en sus carnes». Diálogo social Del Olmo mantuvo que se cumplirán los acuerdos alcanzados en el marco del Diálogo Social en materia de empleo público, con lo que los funcionarios cobrarán la totalidad de la paga extraordinaria en el mes de junio, «tal y como se había comprometido». Entre otros acuerdos del Diálogo Social, la consejera manifestó que la Junta mantendrá el pago de la carrera de todo el personal sanitario el próximo año. Además, la consejera se refirió a la oferta pública de empleo para el 2009. Sostuvo que se cumplirá «estrictamente» la normativa estatal que obliga a todas las comunidades autónomas «a no poder reponer más del 30 por ciento de las personas que causen baja durante el año 2009». «Esto es un mandato imperativo del Gobierno de España, que tiene competencias en esta materia», concluyó la consejera de Hacienda de la comunidad.