Los objetores no estarán obligados a cursar Educación para la Ciudadanía

La Junta de Castilla y León confirmó ayer que todos aquellos alumnos que habían presentado una objeción de conciencia para no cursar Educación para la Ciudadanía podrán eludir la asignatura gracias a la medida cautelar adoptada la semana pasada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. El auto del TSJ suspendió la obligatoriedad de la asignatura y estableció que los alumnos objetores no tendrán que seguir acudiendo a las aulas mientras se resuelve el recurso presentado por algunos de los padres ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal. En principio, la sentencia sólo afectaba a aquellos casos en los que se había presentado un recurso ante el Tribunal, aunque el gobierno autonómico extenderá la suspensión a todos los casos. El portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago Juárez, anunció ayer que, tras una semana de estudio por parte de los servicios jurídicos del ejecutivo, finalmente los 177 objetores podrán dejar de cursar la asignatura por entender que el auto del TSJ se puede hacer extensible a su caso. La Junta ya anunció el pasado jueves que se estudiaría esa posibilidad al entender que había «ciertas garantías» de seguridad para los alumnos objetores que no recurrieron; ahora, esa posibilidad se convierte en certeza y el gobierno autonómico ha llegado a la conclusión de que existe «protección jurídica» suficiente para garantizar los derechos de los alumnos. De Santiago Juárez quiso aclarar el baile de cifras que hay en torno a las objeciones de conciencia registradas y aceptadas en la Consejería de Educación; de esta forma, el portavoz explicó que, en un primer momento, se recibieron un total de 1.873 solicitudes, aunque aproximadamente la mitad fueron descartadas «por no estar legitimadas». De las 880 restantes, 703 no fueron admitidas ya que a los alumnos en cuestión no les correspondía estudiar Educación para la Ciudadanía en este curso. Por lo tanto, tan sólo 177 objeciones eran totalmente válidas, y esperaban las resoluciones judiciales para aclarar la situación de los chavales. «La Junta adopta esta medida por existir garantías jurídicas que protegen los derechos de esos alumnos» «Es necesario adoptar medidas en el sector de la automoción ante la caída en la venta de coches» JOSÉ A. DE SANTIAGO JUÁREZ Portavoz de la Junta