La encrucijada entre las exenciones de Euskadi y de Portugal
efe | valladolid
Los dirigentes de la Junta de Castilla y León han promovido en los últimos años rebajas e incluso exenciones fiscales de su competencia y están dispuestos a que la escalada prosiga porque creen que esta política es beneficiosa para la economía y «el dinero está mejor en los bolsillos de la gente». Una de las principales valedoras de esta política es la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, quien parece fiarse más del consumo y buen criterio de los ciudadanos a la hora de gastar que de las propias administraciones: «la Administración tiene que cubrir unos servicios esenciales pero es el ciudadano el que mejor sabe qué hacer con su dinero», ha reconocido a Efe en alguna ocasión.
La semana que ahora concluye ha deparado a Castilla y León una nueva rebaja fiscal que según la Junta interfiere en su economía, en este caso del impuesto de sociedades en la provincia de Guipúzcoa, con lo que se iguala a las otras provincias vascas, Vizcaya y Álava. El contencioso de la Junta con las administraciones vascas por este asunto se mantiene desde hace años porque los dirigentes castellanoleoneses consideran que existe -˜competencia desleal-™ en la captación de inversiones como consecuencia de la rebaja fiscal. La consejera se ha desplazado hoy a la localidad portuguesa de Viana do Castelo en misión de apoyo al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, quien busca un plan para que la rebaja en el impuesto de sociedades que han aprobado los vecinos portugueses no provoque un éxodo de empresas que ahora están en este lado de -˜la raya-™, donde la tasa impositiva es el doble. En esta tesitura, Castilla y León se enfrenta a una paradoja: un lugar en el que sus dirigentes son partidarios de bajar los impuestos se ve perjudicado por las rebajas fiscales de sus vecinos y sin margen de maniobra para ponerse a su nivel. Precisamente esta cuestión es una de las que van a intentar reconducir Herrera y Del Olmo en la Cumbre Hispanolusa de Zamora, que se celebrará el 22 de enero, donde sin embargo esperan encontrar apoyos para conseguir crear un eje económico en el corredor Oporto-Lisboa-Valladolid-Irún. El hecho de que las empresas asentadas en Portugal vayan a pagar un impuesto equivalente al 12,5% resulta preocupante.