Castilla y León recibe 169 millones para políticas activas de empleo
efe | madrid
El Consejo de Ministros aprobó ayer la distribución de 2.836,8 millones de euros, que serán gestionados por las comunidades autónomas con competencias en políticas activas de empleo, de los que 169,3 millones corresponderán a Castilla y León. Por primera vez, el Gobierno transfiere los fondos en enero para garantizar que las comunidades autónomas puedan iniciar de inmediato sus políticas activas de empleo y evitar que transcurran meses sin oferta de actividad para desempleados.
Con esta aprobación se formalizan los acuerdos fijados en la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales que tuvo lugar el pasado día 14 de enero. La distribución de fondos para políticas activas incluye las cantidades destinadas a subvencionar planes que combinan empleo y formación, como la colaboración con entidades locales, las escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo.
Impulso a la economía
Los fondos aprobados ayer también se dedican a la promoción de la actividad económica, el empleo autónomo y el empleo en cooperativas y sociedades laborales, la inserción laboral de personas con discapacidad y a la formación profesional para desempleados y para ocupados. Se estima que más de 1,7 millones de personas se beneficiarán de estas iniciativas, un millón de las cuales recibirá formación, mientras que más de medio millón de personas en desempleo serán orientadas en el proceso de búsqueda de trabajo.
Además, el conjunto de actuaciones financiadas por los Servicios Públicos de Empleo beneficiará a 100.000 personas en trabajos que combinan empleo y formación para el desarrollo de labores de utilidad social. Más de la mitad de los recursos destinados a políticas activas, 873,6 millones de euros, se enmarcan en los planes de empleo, que se desarrollan a través de la colaboración con corporaciones locales y con organismos y entidades sin ánimo de lucro, escuelas taller, casas de oficios y talleres de Empleo.
Un total de 267,5 millones se destinan a la inserción laboral de personas con discapacidad tanto en el mercado ordinario, a través de las medidas para la contratación indefinida de discapacitados, como en el mercado protegido.