Las empresas no tendrán que aportar el 3% de la licitación como aval para acudir a un concurso
La Junta pagará las certificaciones de obra pública en apenas tres días
La administración autonómica reduce a un mes la devolución o cancelación de garantías de la obra
efe | valladolid
La Junta de Castilla y León ha adoptado tres medidas inmediatas para ahorrar costes a las empresas que optan a la licitación de obras públicas en la comunidad y dotarlas de mayor liquidez, según informó ayer en Valladolid la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo.
Del Olmo explicó en rueda de prensa el contenido de las medidas tras haberse asistido a la reunión que han mantenido esta mañana el presidente del Gobierno autonómico, Juan Vicente Herrera, y la presidenta de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, Isabel de Blas.
La primera de las directrices elimina las garantías provisionales en los contratos de obra, que actualmente suponen un tres por ciento del presupuesto de la licitación, con lo que la estimación de ahorro de costes financieros a las empresas se acercaría a los 2,5 millones de euros.
La segunda medida obliga a la administración autonómica a reducir a un mes el plazo de dos meses previstos en la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público para acordar la devolución o cancelación de las garantías definitivas presentadas por los adjudicatarios de los contratos de obra.
La tercera directriz afectará a la liquidez de las empresas contratantes de obra pública, al agilizar el procedimiento de cobro de las certificaciones que pasará de los sesenta días actuales a un máximo de tres. La consejera anunció que su departamento va a remitir dichas medidas al Gobierno de la nación por si, en el marco de colaboración «constructiva», pueden serle de utilidad en una etapa de crisis económica y financiera.
La presidenta de la Cámara de Contratistas resaltó, por su parte, el clima de «receptividad y sensibilidad» hallado en la Junta de Castilla y León para ayudar al sector estratégico de la construcción y ha explicado que las medidas mencionadas ayudarán a aminorar los costes de las empresas y fomentar su ahorro.
En este sentido, evaluó que las dos primeras directrices permitirán disminuir gastos globales por importe de 865 millones de euros y ahorros de unos tres millones, mientras que con la tercera medida se aportará liquidez.
Las medidas se aplicarán a los contratos en vigor y su entrada en funcionamiento será «inmediata», ha puntualizado la consejera, la cual ha agregado que, siendo válidas para los años 2009 y 2010, podrían prorrogarse al 2011 si persistiese la situación de crisis.
Del Olmo insitió en que tales directrices se suman a otras 27 acciones en marcha desde mayo del 2008 para activar la economía y simplificar los trámites administrativos.
Asimismo, señaló que las medidas se han ido perfilando a lo largo de las últimas semanas en actividades gubernamentales en las que ha intervenido directamente el presidente de la Junta.
También adelantó que su consejería está trabajando en un sistema integral de contratación electrónica para simplificar los trámites burocráticos, herramienta que contará con un portal de contratación para todas las consejerías, organismos autónomos y entes públicos de derecho privado.
La consejera de Hacienda subrayó que a fecha de hoy en el 2009 la Junta de Castilla y León ha licitado 1.050 millones de euros, cantidad semejante a la licitada en todo el año 2008. El sector de la construcción en general da trabajo en Castilla y León a 122.000 personas y supone el diez por ciento del valor añadido, según datos de la Consejería de Hacienda.