Los pequeños municipios emplearán a parados sin subsidio con ayuda de la Junta

ical | valladolid

La Junta de Castilla y León inyectará el 60% de los 125 millones de euros del Plan de Convergencia Interior, recogidos en el presupuesto autonómico del 2009, es decir 72,5 millones, a la contratación por parte de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes de personas que están en el paro y no cuentan con ningún tipo de subsidio, requisito, junto al llevar como mínimo dos años empadronados en la autonomía, por el que se estima que se pueden beneficiar entre 14.000 y 15.000 personas en la comunidad.

PP y PSOE presentaron ayer el primer gran acuerdo del pacto de seis materias que negocian desde el mes de marzo para paliar los efectos de la crisis en Castilla y León, negociación que ha contado con la titular de Hacienda, Pilar del Olmo, como responsable de llevar al Consejo de Gobierno el proyecto de ley o decreto ley -"tramitación que está aun por determinar- que materialice el reparto de este dinero.

Pendientes de los proyectos

La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, aseguró que la Junta aprobará con la mayor brevedad el texto que dé origen a la ley para su desarrollo, de manera que en el plazo de un mes esté lista y pueda ser efectiva para los ayuntamientos, que van a ser los encargados de presentar los proyectos y contratar a las personas.

Tanto el popular Carlos Fernández Carriedo como el socialista Pedro José Muñoz destacaron la importancia de este acuerdo porque está centrado en las personas que más necesitan el dinero por la situación económica. Muñoz destacó que los trabajos en los montes conllevan una mano de obra importante y también mantienen la población en las zonas rurales.

Por su parte, Fernández Carriedo resaltó que las actuaciones previstas van a la «raíz» del problema al contratar a parados de larga duración y sin prestación económica, incide en la convergencia por concentrarse el reparto en municipios de menos de 20.000 habitantes, se da cabida a las diputaciones, se remarca el problema del paro y se recoge un acuerdo que será la base de la legislación que aprueben Junta y Cortes.

Muñoz subrayó la necesidad de que ambos grupos, una vez acordado el reparto de la asignación recogida en los presupuesto de 2009, trabajen para aprobar el modelo de convergencia de Castilla y León, trabajo al que se sumó el portavoz -˜popular-™, mientras que la titular de Hacienda recordó la importancia de que el Gobierno central cofinancie el Plan Plurianual de Convergencia, que está recogido en el Estatuto de Autonomía.

También las diputaciones

También Fernández Carriedo y Muñoz defendieron que un 10% de los fondos se gestionen por parte de las diputaciones provinciales, como instituciones que representan a pequeños ayuntamientos y desarrollan proyectos supramunicipales.

El representante socialista se decantó por que los ayuntamientos, en el marco de la autonomía municipal, seleccionen a los parados de larga duración y realicen contratos al mayor número posible, bajo la referencia de los desempleados al mes de febrero de 2009, aunque en la normativa se puede recoger la cifra de marzo e incluso abril, según afirmó la consejera Del Olmo.

Muñoz precisó que esos ayuntamientos van a recibir 100 euros por habitante. En el cómputo del reparto, cada habitante puntúa como uno y cada parado como cinco.

El pasado 16 de marzo, PP y PSOE abrieron la negociación para un gran pacto contra la crisis en Castilla y León, centrado en seis materias de trabajo: reparto del Plan de Convergencia Interior, aplicación de la renta garantizada de ciudadanía, financiación autonómica y local, políticas sectoriales y de empleo, sistema financiero e infraestructuras.

Los primeros avances de ese marco global se trabajo se produjeron durante la segunda reunión, el pasado 27 de marzo, cuando presentaron las bases para el reparto de los fondos de convergencia y los criterios para la aplicación de la renta de ciudadanía, derecho que también recoge el Estatuto de Autonomía.