Herrera y Sanz advierten de que no aceptarán una financiación «injusta»

Los presidentes de Castilla y León y de La Rioja, Juan Vicente Herrera y Pedro Sanz, ambos del Partido Popular, advirtieron de que si el reparto de los recursos adicionales no se realiza bajo el principio de igualdad para todas las comunidades autónomas no podrán dar el sí al nuevo modelo de financiación autonómica que el Gobierno prevé aprobar antes del 15 de julio.

En la víspera de que la vicepresidenta segunda y consejera de Economía y Hacienda, Elena Salgado comunique a cada uno de los 15 presidentes autonómicos la cifra para su comunidad, Herrera y Sanz, que firmaron un anexo de financiación en el marco del acuerdo global que tienen suscrito desde hace un año, expresaron su temor de que la propuesta que les comunique el Gobierno no les satisfaga.

«Si el enriquecimiento no se realiza con criterios de igualdad la financiación sería injusta», explicó el presidente de la Junta. En la misma línea, el presidente riojano, que el martes se entrevistó con Salgado, criticó la «falta de voluntad» del Gobierno y recalcó que «nadie» le ha expuesto la cifra ni los indicadores para el nuevo sistema.

Ambos criticaron lo que entienden como negociación bilateral con Cataluña y a que los catalanes tengan una financiación por encima de la media a costa de otras comunidades. «Si un riojano o un castellano y leonés no tiene los mismos derechos, que no cuenten con nuestra adhesión», recalcó Herrera.

Previsiblemente, el lunes el presidente de la Junta se reunirá con los portavoces de los grupos de las Cortes para exponerles la información recibida del Gobierno y consensuar con ellos la posición de la comunidad.

Renovación del acuerdo. Por otra parte, la Junta de Castilla y León firmó hoy con La Rioja el tercer acuerdo en defensa de una financiación autonómica justa y solidaria, después del que suscribió en julio de 2008 y el pasado lunes con Galicia. El anexo rubricado con la comunidad riojana se sustenta en cinco principios: reforma multilateral del sistema, garantías de igualdad plena, valoración de factores no poblacionales, principio de lealtad institucional y reparto por población actualizada en caso de que no se alcance un acuerdo.