Diario de León

Valladolid respalda la negativa de la Junta a autorizar Ikea

La Confederación Regional de Comercio también apoya la decisión de la administración autonómica

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efe | valladolid

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El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva (PP), mostró ayer su satisfacción por la adjudicación de superficies comerciales realizada por la Junta, al «respetar el orden» y no autorizar Ikea.

El regidor recordó que el Ayuntamiento de Valladolid expresó su voluntad de que cualquier gran centro comercial, como el proyectado por Ikea en Arroyo de la Encomienda, un municipio colindante con la capital vallisoletana, se instale en la zona norte o este de la ciudad.

Sin embargo, en declaraciones a los periodistas, de la Riva criticó «el negocio inmobiliario de cerca de 78.000 metros cuadrados» que la multinacional del mueble y complementos presentó a la Junta de Castilla y León para su autorización y que finalmente no fue aprobado.

La administración autonómica no autorizó en la Resolución de Concesión de Autorización de Establecimientos Comerciales el pasado lunes día 20 la instalación de Ikea junto a Valladolid, por superar la superficie autorizada, aunque sí dio luz verde a otros cuatro proyectos, de ellas sólo Geinsol en la capital, que suman un total de 59.927 metros cuadrados.

Para el futuro. El alcalde explicó que los 18.925 metros cuadrados que quedan disponibles en esa resolución «podrían venir muy bien» para un posible proyecto en la zona de Los Santos-Pilarica de Valladolid.

Por su parte, la Junta de Representantes de la Confederación Regional de Comercio (Conferco), encabezada por su presidente, Manuel Muñoz, mostró igualmente su «satisfacción» por el hecho de que la Junta haya cumplido estrictamente la Ley de Equipamientos Comerciales a la hora de valorar la concesión de licencias de grandes superficies y centros comerciales.

Conferco recuerda, en un comunicado de prensa, que la Ley de Equipamientos es una norma vigente, que ha sido votada y que en su día fue consensuada por los agentes sociales y económicos afectados, por lo que entiende que la Consejería «no tenía otra opción que cumplir la ley».

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