Sanidad fijará unos derechos y deberes para los inspectores e inspeccionados
El anteproyecto de Ley de Salud Pública y Seguridad Alimentaria se encuentra en la fase de información
El borrador del anteproyecto de Ley de Salud Pública y Seguridad Alimentaría de Castilla y León, que actualmente se encuentra en fase de información pública, recoge como una de sus principales novedades una carta de derechos y obligaciones que afectará a los inspectores, que se convertirán en agentes de la autoridad sanitaria, así como a los propios inspeccionados.
Los más de 800 nuevos agentes de la autoridad sanitaria -”como se denominará a los inspectores con la entrada en vigor de la ley-” que tendrán como función la inspección y control, son personal al servicio de la Junta con formación en el ámbito sanitario, principalmente, en la medicina, farmacia y la veterinaria.
En anteproyecto incluye entre sus actuaciones la de trabajar en la prevención de las enfermedades, vigilancia epidemiológica, ordenación e inspección sanitaria y farmacéutica, laboratorios de salud pública, seguridad alimentaría, sanidad ambiental y salud laboral, a las que se suman actividades de información, investigación y formación.
La tercera en España. De este modo, la ley convertirá a Castilla y León, en la tercera comunidad española, tras Valencia y Cataluña, en contar con una Ley de Salud Pública y Seguridad Alimentaria, que supondrá la modernización y adaptación de todas las estrategias existentes hasta el momento en esos ámbitos. En este momento, el borrador del texto está ya en manos los diferentes colectivos implicados en la materia como asociaciones de consumidores, sindicatos, organizaciones empresariales y de comercio, sociedades científicas colegios profesionales sanitarios y universidades, entre otras, con el objetivo de que presenten sus alegaciones antes de que finalice el mes de agosto.
El objetivo de la Junta es que la norma esté aprobada en esta legislatura y tiene como objetivo establecer un marco normativo que regule «las actuaciones, medidas preventivas y servicios a través de los cuales las administraciones públicas de Castilla y León deberán preservar, proteger y promover la salud de la población», señaló Herrera.