La Junta recurrirá el cierre de Garoña por «injustificable e injustificado»
El Ejecutivo autonómico afirma que el cese es un «grave perjuicio» económico
De Santiago Juárez, en la rueda de prensa posterior al consejo.
La Junta de Castilla y León acordó ayer, durante la reunión del Consejo de Gobierno, presentar un recurso ante la Audiencia Nacional contra el cierre en el año 2013 de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) por el «grave perjuicio», sobre todo económico, que supone para la zona, según señaló el consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo, José Antonio de Santiago Juárez.
De este modo, el Gobierno regional decidió impugnar ante los Tribunales la Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 3 de julio por la que se acuerda como fecha de cese definitivo de la explotación de la central nuclear de Garoña el día 6 de julio de 2013. El plazo de presentación del recurso finaliza el próximo 6 de octubre, según recordó Juárez.
Según sostuvo, la Junta basa este recurso además de en el grave perjuicio que, para los intereses generales de la comunidad, se derivan de la decisión gubernamental, fundamentalmente desde el punto de vista económico.
El Ejecutivo autonómico no comparte «en modo alguno» el contenido de dicha decisión, al entender que supone «un duro golpe para el conjunto de la comunidad y, en especial, para la comarca del Ebro burgalés», remarcó el consejero de la Presidencia y portavoz.
Del mismo modo, el Gobierno de Castilla y León cree la decisión responde a un cierre «absolutamente arbitrario, injustificado e injustificable», de una actividad empresarial «rentable en términos económicos, segura -“tal y como ha dictaminado el supremo órgano consultivo en esta materia, que no es otro que el Consejo de Seguridad Nuclear-”, y que da ocupación directa a más de 1.000 trabajadores en la comarca».
Menosprecio. Por otra parte, según señaló José Antonio de Santiago Juárez la Junta de Castilla y León se ha considerado «absolutamente menospreciada» por parte del Gobierno de la nación en todo este proceso, toda vez que, sin perjuicio de la competencia estatal en este ámbito, la normativa, recordó, prevé «la participación inexcusable de las comunidades afectadas en varios momentos del proceso que conduce a este tipo de decisiones».
En el caso de Santa María de Garoña, la Junta entiende que el Gobierno central ha tramitado el proceso «con graves defectos, sin contar con las administraciones interesadas, como la comunidad o el ayuntamiento del que depende la central» y que será otro de los argumentos que esgrimirá el recurso ante la Audiencia Nacional.
La decisión adoptada en el seno del Consejo de Gobierno muestra, dijo, «la coherencia con la posición mantenida antes incluso de que el Gobierno anunciara la decisión y que no fue tenida en cuenta por los responsables ministeriales».
Esa posición fue trasladada por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, al del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a través de una carta fechada el pasado 11 de junio en la que recordaba «la enorme trascendencia no sólo en términos de los intereses energéticos de España, sino especialmente también para el mantenimiento de más de 1.000 puestos de trabajo, entre los directos de la central, y los indirectos de cerca de otras 90 empresas colaboradoras, mayoritariamente radicadas en su zona territorial de influencia». En esa misiva, el presidente Herrera insistía en que el cierre de Garoña afecta «a más de 1.000 familias y a toda una comarca del Ebro burgalés, cuyo futuro debes tener muy presente».
Medida cautelar. Durante las últimas semanas, los servicios jurídicos de la Junta han valorado la posibilidad de solicitar una medida cautelar que pusiera freno de manera más inmediata al proceso de cierre, si bien esta opción se ha descartado por el momento ya que parece previsible que la Audiencia Nacional pueda dictar sentencia antes de la fecha fijada para el cierre. En todo caso, dicha sentencia será susceptible de recurso ante el Tribunal Supremo, recordó.
El recurso que presentará la Junta en los próximos días no es el único que se registrará ante la Audiencia Nacional ya que las empresas Iberdrola y Endesa ya han hecho pública su intención de acudir a los tribunales.