El Común evalúa las mejoras en la Ley de Dependencia

El procurador del Común, Javier Amoedo, reconoció ayer que la apertura de una investigación de oficio, por parte de institución que dirige, sobre la aplicación por parte de la Administración autonómica de la Ley de la Dependencia, que acaparó buena parte de las quejas de los ciudadanos, ha tenido «muy buena acogida» por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que ha mejorado sustancialmente varios de los aspectos reclamados por los ciudadanos.

Así lo subrayó Amoedo durante el Pleno de las Cortes en el que explicó el informe del Procurador del Común del año 2008, en el que se recogen 2.234 quejas de los castellanos y leoneses a las distintas administraciones. En concreto, Amoedo señaló que «la insatisfacción» mostrada por los ciudadanos en relación a los retrasos producidos en el acceso a los servicios y prestaciones derivados de la Ley de la Dependencia motivó el desarrollo de la citada actuación de oficio.

De su estudio, se pudo constatar la existencia de una serie de carencias y deficiencias que impedían el avance de la configuración del nuevo sistema y el logro de «una adecuada» eficiencia en la valoración, reconocimiento de la situación de dependencia y de las prestaciones asociadas. Además, en el ámbito normativo, se echaron en falta desarrollos previstos en otras comunidades autónomas para alcanzar la plena aplicación de la norma. Era el caso, dijo, entre otros, de una regulación correspondiente de los trámites del procedimiento para el establecimiento y aprobación del programa individual de atención, de la regulación de un procedimiento de especial urgencia o del fallecimiento del dependiente durante la tramitación del expediente.

También, remarcó, en la investigación se constataron «importantes incumplimiento» en los plazos ya que «era evidente» el gran volumen de expedientes con una notable demora en su tramitación y resolución y en el acceso a los servicios y prestaciones. En concreto, recordó que respecto a la primera fase del proceso y según los datos facilitados por la Consejería a fecha de 30 de septiembre de 2008 se evidenció que un 27% de las solicitudes presentadas quedaban todavía por resolver y en algunos casos se había superado el año en la tramitación. En cuanto a la segunda fase, señaló que el 63% de los solicitantes se encontraba en ese momento pendiente de acceder a la prestación.

Con estas cifras, la institución recomendó a la Junta que adoptara medidas para reducir la duración de los expedientes, que constituyera una red suficiente y adecuada de recursos para satisfacer las necesidades específicas, así como el ofrecimiento de una información «comprensible y accesible» a los interesados y la aplicación de fórmulas de coordinación administrativa eficaces.

A pesar de estas cifras, Amoedo reconoció que la situación «ha mejorado» y, a fecha de 1 de septiembre de 2009, se ha pasado de quedar sin resolver el 27% de las solicitudes al 9,8%. Lo mismo que ocurre con el porcentaje de retraso para que las personas accedan a las prestaciones que se sitúa a 31 de julio en el 19% frente al 63 del inicio de la investigación.