Las páginas web que infrinjan la ley sólo se cerrarán si lo decide un juez
El Consejo de Ministros remite a varios órganos consultivos el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, donde se contemplan las llamadas «medidas antipiratería»
La titular de Cultura dijo que, a lo sumo, se verán afectadas «un centenar de páginas».
La decisión de cerrar o bloquear una página web que vulnere los derechos de propiedad intelectual recaerá únicamente en un juez, en concreto en los magistrados pertenecientes a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. Estas medidas antipiratería están contempladas en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, remitido ayer por el Consejo de Ministros a diversos órganos consultivos antes de su llegada al Parlamento, esperada para febrero.
La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, afirmó que se trata de una propuesta mixta «muy equilibrada» que incluye trámites administrativos pero da la última palabra a los jueces, que deberán decidir en un plazo máximo de cuatro días si es necesario adoptar medidas de control contra páginas de internet que contribuyan a la piratería.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Justicia, Francisco Caamaño, indicó que será la Audiencia Nacional la competente en esta materia porque en estos casos de propiedad intelectual es «muy difícil» ubicar en qué lugar se encuentra la página o el emisor que infringen los derechos. El anteproyecto establece que la Comisión de Propiedad Intelectual, un órgano administrativo dependiente del Ministerio de Cultura, sea el que reciba las denuncias de los afectados por la piratería.
González-Sinde sostuvo que este órgano reflejará la «pluralidad de intereses» que confluyen en este ámbito, por lo que estará integrada por expertos en derecho y también en internet.
El ministro de Justicia indicó que en primer lugar ese órgano comprobará si existe una vulneración y se dirigirá al titular de la página web que infringe los derechos de propiedad intelectual para instarle a que los retire. Si ese titular no responde a la petición de la comisión, entonces ésta lo pondrá en conocimiento de la Justicia para que se autorice su cierre.
Y ahí, el magistrado deberá decidir, mediante un proceso «ágil, eficaz y con las máximas garantías», en un plazo máximo de cuatro días, si ordena el cierre.