Bibiana

El invento del maligno josé javier esparza

Usted se preguntará: y si una cadena vulnera todos los códigos habidos y por haber, como ha hecho La Sexta con Generación Ni-Ni, ¿ por qué nadie le sanciona? Si usted fuma donde no debe o se salta un semáforo -ya no digamos si paga los impuestos con un mes de retraso-, inmediatamente caerá sobre usted el aparato represivo del Estado-niñera. Pero si usted es una cadena de televisión, puede permitirse hacerle una higa a la legislación vigente, que nadie le tocará un pelo de la ropa. ¿Por qué? Porque en España, y en el mundo de la tele, no hay justicia. Es así de simple.

Los hay que hacen lo que les da la gana y los hay que hemos de aguantarlo. Oligarquía y caciquismo, que diría el otro. Véase la medrosa reacción del Ministerio de Igualdad, el de Bibiana, que, después de haber hecho una ruidosa declaración contra el suceso, se descuelga diciendo que ya ha «activado todos los protocolos» (¿no serán los de los sabios de Sión?) y anuncia que se pondrá en contacto con las cadenas privadas para impulsar su autorregulación. Oiga, un momento: ¿Cómo que «se pondrá en contacto»? ¿Cómo que «su autorregulación»? ¿Y para qué carajo tiene usted el BOE, un fiscal general del Estado, la Policía y todas esas cosas?

La Asociación de Usuarios de Comunicación ha contestado al Ministerio de Igualdad que se deje de comunicados y que actúe, que para eso es Gobierno: «El Instituto de la Mujer puede dirigirse a Industria para que abra expediente informativo para una posible sanción, o incluso interponer una acción de cesación legal de emisiones, porque está legitimado para ello», dice la AUC. Es exactamente así.

Lo que ocurre es que, como absolutamente nadie ignora, La Sexta existe gracias a una benéfica concesión de este Gobierno. Y si este Gobierno -"como los anteriores, ojo-" ya ha demostrado ser de merengue con los otros canales, cuánto más no lo será con uno de su propia cuerda. Resultado: ya verá usted como todo se queda en nada.

La tele es la única institución de España que goza de un tribunal propio. Privilegio, por cierto, prohibido por la Constitución.