Cien mil1

José javier esparza

Cien mil euros del ala es la cantidad que el Ministerio de Industria ha impuesto a una cadena de televisión -"pujante, pero minoritaria-" por un vídeo editorial a propósito del Día del Orgullo Gay. El vídeo era poco partidario del mencionado Día y eso es lo que ha motivado la sanción. Aquí hay dos debates, por así decir. Uno es la opinión que a cada cual le merezca el Día del Orgullo Gay, la presencia del elemento homosexual en la vida pública española y las posiciones de unos y otros al respecto; es sin duda un asunto que admite innumerables discusiones, tan vehementes como se quiera, pero que forman parte de la rutina de la vida pública en una sociedad democrática. Ahora bien, en el episodio hay un segundo debate que nos introduce en un paisaje nuevo y más bien oscuro, y se trata de lo siguiente: hasta qué punto debemos dejar que la autoridad administrativa se arrogue el derecho a imponer sanciones por delitos de opinión. Hasta hace muy poco, las cosas estaban relativamente claras: uno podía decir lo que quisiera siempre y cuando no imputara a otro delitos o le hiciera objeto de vejación manifiesta con insultos inaceptables. Ese era el marco de la ley, que abría un campo bastante habitable para la libertad de expresión. Los tribunales deberían hacer el resto. Sin embargo, la introducción de vigilantes en el campo televisivo ha venido a fragilizar notablemente la posición del comunicador. Ese vídeo que Industria ha sancionado no incurre en ninguno de los supuestos tradicionales que limitan la libertad de expresión, o sea, la injuria y la calumnia (además del honor, la intimidad y la propia imagen de las personas), y así lo vio, por ejemplo, el Consejo Audiovisual de Andalucía. Entonces, ¿qué es lo que el Gobierno ha multado? Observe usted el vídeo y llegará a la conclusión de que el Gobierno ha multado, fundamentalmente, a una opción ideológica. Y esto, se mire como se mire, es inaceptable. Hoy es el vecino. Mañana seré yo. Pasado mañana, por qué no, usted mismo.

Que esto se haga en nombre de la democracia no deja de ser una broma siniestra.