Diario de León

Los servicios jurídicos de la CE ven ilegal la tasa para financiar RTVE

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efe | madrid

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Los servicios jurídicos de la Comisión Europea (CE) recomiendan dar un ultimátum a España para que modifique el nuevo sistema de financiación de RTVE, que impone una tasa a los operadores de telecomunicaciones, si quiere evitar una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE). Esta recomendación, que deberá someterse en última instancia al Colegio de comisarios, figura en un documento que el diario económico Expansión, que adelantó ayer la noticia, colgó en su edición digital. Bruselas está investigando si es compatible con la legislación europea una de las tasas creadas para compensar la pérdida de recursos de RTVE tras la supresión de la publicidad, y que se calcula a partir de los ingresos facturados por los operadores de telecomunicaciones.

Los servicios jurídicos consideran que «el objetivo, metodología y procedimientos son incompatibles con los artículos 12 y 14.1» de la directiva (ley-marco) que regula el procedimiento de autorización de los operadores de telecomunicaciones.

Por ello, recomiendan el envío de un dictamen motivado, penúltimo paso en los procedimientos de infracción, a fin de que se modifique la ley de RTVE. Según el documento, la respuesta enviada por España al anterior requerimiento comunitario (carta de emplazamiento) «no contiene nuevas líneas de argumentación significativas», por lo que los servicios jurídicos recomiendan dar el siguiente paso en los procesos de expediente: el dictamen motivado.

El Consejo de Ministros aprobó en julio pasado el Reglamento que desarrolla la Ley de Financiación de RTVE, que regula, entre otros puntos, el proceso por el que los operadores de telecomunicaciones aportarán el 0,9% de sus ingresos para mantener este organismo público.

El portavoz de la comisaria Neelie Kroes, de la que depende este expediente, ha eludido comentar el documento difundido por Expansión. Previamente, había señalado que la CE aún está analizando las respuestas de España y que el Colegio de comisarios todavía no ha tomado una decisión.

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