Diario de León
Publicado por
José Javier Esparza
León

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La Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión de España (y de los Grandes Expresos Europeos), que estaba públicamente desaparecida, ha asomado la cabeza la otra tarde para proponer un manifiesto que oriente a los profesionales desde el punto de vista ético. Queda muy bonito, pero la propuesta es como inventar a estas alturas el ladrillo con agujeros. Vamos a ser serios: todo el mundo sabe en el mundo de la tele qué está pasando y dónde está el problema. Otra institución, esta de carácter cívico, el Observatorio de Contenidos Televisivos y Audiovisuales (OCTA), presentaba hace pocos días su informe sobre vulneraciones de la Ley 7/2010 en materia de protección de menores. El panorama es desolador: «En pocas ocasiones -dice el informe- se habrá vulnerado la normativa como en el recién finalizado 2010; precisamente el año en que se ha aprobado y puesto en vigor la nueva Ley 7/2010 de 31 de Marzo General de la Comunicación Audiovisual». No estamos tanto ante un problema de programas como ante un problema de cadenas: son ellas quienes deciden emitir determinadas cosas en un horario que de antemano saben inapropiado. La lista de infracciones es pasmosa. Y todas tienen un responsable con nombres y apellidos. En esas condiciones, resulta casi cómico que la Academia de la Televisión se descuelgue con un foro del que salen unas reflexiones que han de ir a la Junta para que esta, a su vez, impulse un manifiesto que apele a la responsabilidad social de los medios. No, oiga: las cosas son mucho más fáciles. Hay una ley bien clara, hay unas normas muy bien conocidas que sustentan esa ley y hay un código que reglamenta las sanciones; lo normal sería que la Academia pidiera estar presente en la comisión que aplica el Código, de manera que en ese sitio hubiera una voz profesional desvinculada de los intereses privados de las cadenas. En vez de eso, lo que la Academia nos propone es algo que se parece mucho a aquello de Napoleón: «si quieres enfangar un problema, crea una comisión». ¿No sería más eficaz limitarse a exigir que se aplique la ley vigente?

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