La Junta acusa a los empleados sociales del Musac de querer la plaza 'a dedo'

La Fundación Siglo de la Junta de Castilla y León salió ayer al paso de las críticas realizadas por los trabajadores de la empresa adjudicataria del Departamento de Acción Cultural del Musac, que el martes enviaban a los medios una denuncia pública quejándose de la licitación de un nuevo contrato para el servicio que ellos han venido prestando. La Junta critica sus pretensiones y recuerda que la finalización del contrato y, por lo tanto, la licitación de un nuevo concurso cumple con todos los requisitos de legalidad: «Se trata de garantizar que todos los que quieran prestar servicios para el sector público, en este caso la Fundación Siglo, concurran en igualdad de condiciones, se le dé a las licitaciones la suficiente publicidad y se adjudique finalmente al que haga la mejor oferta según unos criterios de valoración objetivos», destaca y añade que de otra manera se estaría incumpliendo la legalidad por cuanto que la Fundación está sujeta a un riguroso procedimiento de licitación pública, regulado en la ley de contratos del sector público, al estar considerados como poder adjudicador.

Asimismo, desde la Junta se precisa que la empresa que actualmente desarrolla el servicio del Deac, Ando, resultó hace ahora dos años adjudicataria por un periodo de un año, prorrogable por otro, contrato aún en vigor. Añade que nunca se ha tenido una relación distinta con esta empresa, que al presentarse a la licitación asumía expresamente que ningún trabajador de la empresa adquiriría por ello vinculación con la fundación.

La Junta subraya que es la citada empresa la que debe hacerse responsable de que se respeten los derechos de sus trabajadores, especialmente en materia de legislación laboral, fiscal y de seguridad y salud en el trabajo, así como al cumplimiento de las que puedan promulgarse durante la ejecución del mismo y que, en cambio, no existe relación laboral de ningún tipo entre dicho personal y la Fundación Siglo.

Por último, la fundación manifiesta su perplejidad ante las pretensiones del empresario, Antonio González Chamorro, y considera «inaceptable» que ahora que se aproxima el periodo de finalización del contratopretenda que una prestación de servicios con un régimen muy definido y absolutamente amparado por la ley se reconvierta en una relación laboral para los dueños de la empresa y sus trabajadores. «La Fundación Siglo lamenta que este empresario, a la vista de la próxima finalización del contrato de servicios vigente y de la presente legislatura, trate de confundir a la opinión pública de modo innecesario e injusto con este tipo de actuaciones», denuncia.

Apoyo de los sindicatos. A la vista de los datos aportados desde la Junta, llama la atención el hecho de que las exigencias de los actuales responsables de la empresa del Deac fueran el pasado martes respaldadas por los sindicatos CC.OO., UGT, Stecyl, Stacyl y CGT, así como por Izquierda Unida. En la nota de prensa enviada por Antonio González Chamorro se denunciaba que, tras seis años, la Fundación Siglo no había regularizado su situación laboral con el museo y que la plantilla, integrada por yinco educadoras y un educador, quedarían -"merced al nuevo concurso-" desempleados, sin que se tuviera en cuenta la experiencia acumulada durante los últimos años. Así, la nota subrayaba que han sido los citados trabajadores quienes han diseñado, gestionado y ejecutado la mayor parte de las actividades pedagógicas y de acción social y cultural del museo. Asimismo, denunciaba que durante los últimos años han trabajado como autónomos y aseguraban que esta situación conlleva una privación de derechos como bajas médicas, bajas por maternidad, paro, antigüedad o cotización.