El Congreso insta a modificar la Ley de Propiedad Intelectual para octubre

El pleno del Congreso de los Diputados aprobó hoy una moción del grupo parlamentario popular para instar al Gobierno a presentar " antes de que finalice el mes de octubre, un proyecto de ley de modificación de la Ley de Propiedad Intelectual " y pidió a Cultura que ordene una auditoría externa de la SGAE.

La moción, aprobada 328 votos a favor y 8 abstenciones, exhorta además al Ministerio de Cultura a " ejercer eficazmente las competencias que le atribuye el artículo 159 de la LPI, de vigilancia de las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual sobre el cumplimiento de las obligaciones y requisitos establecidos en ella ".

A estos efectos, y, en concreto, respecto a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), el Ministerio de Cultura deberá " exigir toda la información sobre las actuaciones presuntamente irregulares, tanto en la entidad de gestión como en las entidades que esta haya creado ".

Igualmente, el Ministerio deberá ordenar una inspección, " en caso de que no aporte toda documentación ", así como " ordenar una auditoría externa financiada por el Ministerio, y ordenar un examen de as auditorías internas encargadas y pagadas por la propia SGAE, a fin de detectar las irregularidades que puede haber en ellas ". Y designar " con carácter extraordinario " un representante que asista con voz pero sin voto a las asambleas generales y reuniones de la Junta Directiva y otros órganos de la entidad hasta que su funcionamiento " vuelva a la normalidad ".

La moción, aprobada con una enmienda de CiU, pide que la modificación esté en " sintonía " con las propuestas que están siendo objeto de elaboración en la Unión Europea sobre esta materia y las recomendaciones del informe de la subcomisión de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual del Congreso de los Diputados de 2010.

Esta ley, explica la moción, deberá establecer un régimen gradual de sanciones e intervenciones temporales, similar al que prevé la ley de 2002 para las fundaciones. En dicha reforma deberá recuperarse la limitación que se establecía en el artículo de la citada ley sobre que las entidades de gestión no pueden dedicar su actividad fuera del ámbito de la protección de los derechos de la propiedad intelectual.

El texto señala que el Gobierno deberá proceder, en consonancia con la futura legislación europea sobre propiedad intelectual y con el reparto competencial que en esta materia prevé la Constitución, a la creación de una Agencia Española de propiedad intelectual, como un organismo público que dependiente del Ministerio de Cultura.

El texto original de la moción derivaba de una interpelación urgente del grupo popular sobre las medidas a adoptar por el Gobierno para garantizar el control del cumplimiento de la legalidad en las entidades de gestión de los derechos reconocidos en la Ley de Propiedad Intelectual, especialmente la SGAE.