Rogelio Blanco sacó papeles de Salamanca de «forma secreta»

El historiador e investigador archivísitico Policarpo Sánchez reclamó ayer a la Generalitat de Cataluña la devolución de todos los papeles salidos indebidamente del Archivo de Salamanca y que, en su opinión, forman parte de una operación «perfectamente calculada» para legitimar lo recibido a pesar de que, en su origen, no se ciña a la Ley de Restitución que determina la salida de los legajos.

Así, relató Sánchez, el Gobierno catalán «ha usurpado la identidad de varios titulares de la documentación para quedarse con ella manipulando su nombre». Entre ellos, explicó, está el caso del rastro documental de quien fuera presidente de la Casa del Pueblo de Madrid, Edmundo Domínguez, cuya documentación aparece bajo el nombre de Edmon Domínguez «al objeto de parecer un particular catalán y quedarse con sus documentos, en vez de tener que devolverlos al Centro Documental de la Memoria de Salamanca». En otros casos, como el de la familia de un aragonés que, tras reconocer su carnet en los medios de comunicación pidieron que se les devolviera, no pueden recuperar los papeles dado que la Generalitat los incluye en una caja bajo la nomenclatura ‘UGT Cataluña’ para ajustar la incautación a la normativa.

Sin embargo, a juicio del investigador, el caso más grave se produce «por la usurpación de identidad de partidos políticos y sindicatos para quedarse con la documentación», una situación palpable en el caso de 145.000 documentos pertenecientes a la CNT de Cataluña. Como la organización ha expresado siempre su deseo de que sus papeles permanecieran en Salamanca fueron entregados, denuncia Sánchez, a un «grupúsculo escindido del sindicato denominado CNT Joaquín Costa con el que se pacta el cambio de titularidad a cambio de que se le ceda la custodia de los legajos a Cataluña». «Han cometido un delito llegando a un acuerdo con una organización a cambio de cederles la titularidad por mantener allí los documentos», denuncia Sánchez, quien tiene en su poder una relación detallada de la salida y entrada de papeles del Centro de la Memoria con la que demuestra que la situación se repite en otros muchos casos lo que, en su opinión, evidencia que «no se trata de errores sino de una hoja de ruta de la Generalidad para apropiarse de la documentación». Del mismo modo, considera que «todo el gasto hecho en técnicos para catalogar los legajos no era para entregar después los papeles sino para apropiarse de ellos».

Denuncia a Blanco. El historiador salmantino considera que el que fuera director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, el leonés Rogelio Blanco, cometió falsedad en documento publico para tratar de ocultar que había entregado a Cataluña documentación de Asturias. Así, manifestó Sánchez, el 19 de julio de 2011 firmó la orden ministerial autorizando la entrega. Sin embargo, tras la petición de explicaciones por parte del Gobierno del Principado de Asturias, remitió una carta a su consejero de Cultura, asegura Sánchez, negando que los legajos asturianos hubieran salido del archivo lo de Asturias. Esa afirmación, revela el experto, se demuestra falsa cuando el 6 de octubre regresan a Salamanca «de forma secreta» las dos cajas cuya salida había sido autorizada en julio y junto a las que días después se fotografió el propio Blanco «para manipular a la opinión pública y hacer creer que los documentos nunca habían salido». Sánchez apunta que únicamente retornaron a orillas del Tormes las cajas que se supo que faltaban tras su denuncia pública. «El resto de cajas de Asturias que no se habían citado aún siguen en Cataluña».