Colinas, Luis Mateo y Merino se plantean dejar de escribir por la presión de la Seguridad Social con las pensiones

«La gente ve que tal o cual autor gana éste o aquel premio, o aparece en los medios de comunicación, y ya se imagina... cualquier cosa. Pero la realidad económica de los escritores, por lo general, es bastante delicada».

Todos los críticos, profesores y especialistas están de acuerdo en que Antonio Colinas es uno de los primeros poetas españoles. Sus cerca de sesenta libros y traducciones aparecen en las principales antologías, se estudian en las universidades, él mismo acude asiduamente a conferencias y congresos por toda España y el extranjero, y suele formar parte, por ejemplo, del jurado que decide el Premio Príncipe de Asturias (ahora Princesa) de Literatura.

Todo eso es cierto, y también lo es que el bañezano gana la pensión mínima de escritor autónomo (600 euros), una cantidad que, a raíz de la reforma de las pensiones elaborada por el gobierno actual, no puede complementar con los derechos de autor percibidos por sus diferentes publicaciones o por desempeñar trabajos afines, como charlas o lecturas.

Una situación que afecta a creadores ya jubilados pero que continúan muy activos y lúcidos —precisamente a causa de la experiencia acumulada, son muchos los autores que escriben sus mejores obras a edad avanzada—, y que algunos de los más significados literatos leoneses califican de «disparate», en el caso de Colinas, o «miserable» en el del narrador Luis Mateo Díez. El caso se viene arrastrando desde hace unos tres años pero ha sido ahora, con el especial celo de la administración por penalizar a los infractores que perciben ingresos diversos —recortando o retirando la pensión— o el delicado trance económico por el que atraviesan algunos autores (o sus viudas), cuando el caso «ha estallado», como recuerda Colinas.

Pensiones en peligro

Todo esto resulta increíble porque la pensión de uno es inviolable», reflexiona el autor de Sepulcro en Tarquinia en torno a una situación sufrida no sólo por escritores, también por artistas plásticos, actores y músicos. «En mi caso, creo que seguiré escribiendo pase lo que pase porque no tengo, como otros autores, una pensión sólida en la que ampararme», confesó a este periódico. Y subrayó: «España es el único país de Europa en el que sucede esto. Confío en que el hecho se reconduzca dado que, entre otras acciones, la Asociación Colegial de Escritores de España está luchando porque se reconozcan nuestros derechos y para que no se nos recorte la pensión de esta forma».

Colinas se sumaba así a las declaraciones efectuadas el pasado jueves por el premio Cervantes Antonio Gamoneda en este mismo sentido. Y en parecidos términos se ha expresado el novelista y académico Luis Mateo Díez —dos veces premio de la Crítica y otras dos, premio Nacional de Narrativa— en El Español: «Es patético lo que nos está pasando. Y miserable. Contribuimos al bien de la nación».

La normativa considera incompatible percibir una pensión si los derechos de autor generados superan el salario mínimo interprofesional con carácter anual, unos 9.000 euros brutos.

Por su parte, el también miembro de la RAE José María Merino se cuestionaba lo siguiente: «¿Por qué la pensión puede ser compatible con la percepción de dividendos, o de rentas de cuentas bancarias, o con las rentas de bienes inmobiliarios, y no con los derechos de autor ni con honorarios por impartir conferencias?». A preguntas del Diario, Merino también recordaba que, además, «los derechos de autor acaban siendo ‘de dominio público’ al cabo de cierto número de años, lo que no pasa con ningún otro patrimonio. Y percibir unos honorarios por dar una conferencia no supone tener una relación laboral con la institución organizadora...».

«En su día, cuando nos dimos de alta como autónomos, nadie nos avisó de que esto podía ocurrir algún día. Si lo hubiéramos sabido habríamos metido el dinero en una hucha», opinaba Antonio Colinas, para quien es «triste» verse obligado a elegir entre una exigua pensión y los derechos de autor, cada uno de los cuales por separado resulta poco menos que insuficiente, sobre todo teniendo en cuenta que los bancos pagan a sus ejecutivos pensiones compatibles con la de la Seguridad Social.

«En el fondo, el caso ofrece una muy mala imagen del concepto que en nuestro país se tiene de la cultura, además de que produce un daño enorme al estímulo a la creación cultural», zanjó Colinas, premio Nacional de Literatura en 1982.

«Acaso nuestros gobernantes nos expliquen las razones de esta decisión después de hacer algún homenaje público al cuatricentenario de la muerte de Miguel de Cervantes —dijo Merino—. En Gran Bretaña, el primer ministro David Cameron ya ha comunicado a su país la conmemoración oficial del cuatricentenario de la muerte d Shakespeare, que también se celebra en 2016. Aquí, los interesados en nuestra literatura estamos esperando un gesto público similar a propósito del autor de la más importante novela de la historia... Tal vez el manifiesto desinterés forme parte de la misma mentalidad que esa persecución fiscal: menosprecio y hasta inquina por la cultura».