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POLÉMICA EN el arte

El Gobierno cede ante los autores

«Estamos predispuestos a resolver la incompatibilidad en la pensión», dice José María Lassalle, y propone cambiar la ley

El secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle

Publicado por
León

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efe | madrid

El secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, apostó ayer por reformar el artículo 165 de la Ley de Régimen de la Seguridad Social con objeto de resolver la incompatibilidad que para los autores jubilados existe entre el cobro de sus pensiones y las retribuciones por derechos de autor.

Lassalle se reunió ayer con miembros de la plataforma Seguir Creando, integrada por diversas asociaciones de gestión de derechos de autor y cuyo portavoz, Manuel Rico, anunció que pedirán una reunión con la ministra de Empleo y Seguridad Social en funciones, Fátima Báñez, para pedir la paralización de las sanciones impuestas a autores, después de los encuentros que han mantenido con el presidente del Congreso, Patxi López, y los grupos parlamentarios.

Según la legislación actual, los profesionales de la creación mayores de 65 años que deseen continuar desarrollando su actividad deben elegir entre cobrar su pensión pero renunciando a percibir una retribución por sus cursos, conferencias y derechos de autor que su obra genere si con ello supera en ingresos el salario mínimo interprofesional (SMI) anual bruto, fijado en 9.000 euros, o seguir recibiéndolos pero sin pensión.

El secretario de Estado de Cultura señaló que, aunque el Gobierno en funciones tiene un «margen de maniobra pequeño», existe el compromiso político de que «en otro escenario» tendrá «toda la predisposición para resolver el problema de la incompatibilidad de pensión». De momento la solución puede ser una modificación del artículo 165 de la Ley del Régimen de la Seguridad Social para el conjunto de los creadores a través de una proposición de ley. Su tramitación, comentó, «dependerá del margen de vida de la legislatura; esperemos que tenga la normalidad que corresponde». Eso sí, objetó que el margen de maniobra del Gobierno en funciones para plantear una moratoria «es compleja».

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