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Publicado por
rafael saravia
León

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Seguimos con la ignominia del que se cree que todo lo vale si se refiere a dineros y cuentas bancarias. Seguimos asumiendo que los salarios públicos no pertenecen a nadie y que por tanto se pueden manejar con la impunidad de los inmorales, seguimos conociendo casos que hacen sonrojar con la avaricia las mejillas de los que se creen que todo lo pueden. La valía y el valor siempre han sido confundidos en estos campos donde la política y el trasiego gestor de todo lo público se enfangan cada dos por tres. Estos días nos enteramos de que un alcalde de un ayuntamiento como el de Villaquilambre, se sube el sueldo en estos tiempos de contención y penuria. El cuarto municipio de la provincia no supone más que 18.000 personas. Y la gestión de esas personas no la realizan tan sólo el señor alcalde y sus nuevas dedicaciones exclusivas, donde a golpe de decisión arbitraria, coloca casi 300.000 euros al año en salarios personales de muy dudosa necesidad.

La gestión de ese municipio, decía, no la realizan tan sólo esas personas, la realizan todos los funcionarios y personal público que trabaja en el ayuntamiento para que todo funcione correctamente. Pero parece ser que el señor Manuel García «necesita» sentirse recompensado por todo su esfuerzo con 40.000 euros al año a lo que sumará los emolumentos que obtiene por ser procurador de las Cortes. Estas compatibilidades legales hacen que lo inmoral florezca sin mayor desazón. Al final, es muy fácil que este señor cobre más que el presidente del gobierno por realizar una representación en un municipio de 18.000 habitantes y asista a los plenos de las Cortes en Valladolid. Así está la cosa. La avaricia y la sensación de que ser representante público es igual que tener una empresa propia nos ha llevado a ser un país de deuda. Todo lo público debería defenderse con vehemencia y sin displicencia, de esa manera sería más fácil convertir lo necesario en obligatorio; de esa manera el dinero que existe, estaría mejor rentabilizado en ayudas a emprendedores, ayudas sociales y en sectores imprescindibles como los energéticos, banca, etc. Que podrían tener su vertiente pública para ayudar a los que más lo necesitan.

Llevamos casi medio año donde la ausencia de un gobierno no nos ha hecho perder el control. ¿Saben por qué? Porque la necesidad de políticos, teniendo un sistema público de trabajadores cualificados, no es imprescindible. Se necesitan representantes que dirijan con leyes las necesidades de cada momento, pero para poco más sirven. Los que ejercen el trabajo son sin duda los funcionarios y personas anexas a la labor pública.

Por ello, que un señor cobre por trabajar de lunes a viernes 60.000 o 70.000 euros (y me quedo corto seguramente) es sencillamente inmoral. Si, además, impide la representación plural de todas las fuerzas políticas elegidas en las urnas, negando su participación en muchos de los consorcios municipales, sencillamente acabamos creyendo que el ayuntamiento es su empresa. Y no, no lo es. No debería de serlo.

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