Una estafa y la lucha por la minería

camino gallego | león

Representantes de la Junta (Fernando Bécker y Juan José Lucas), del Ayuntamiento (Juan Morano) y de Biomédica (un ayudante y Frank Wilbourne) brindan por el éxito de la empresa tras colocarse la primera piedra. Era una estafa, pero al principio todos creyeron al empresario americano, que se entrevistó con el alcalde Juan Morano para hacerle llegar su proyecto de instalación de dos factorías en terrenos de Oteruelo que se conocería como Biomédica. La reunión tuvo lugar el 27 de enero de 1993 y entonces comenzó la cuenta atrás para dar todas las facilidades a una empresa que prometía invertir 5.472 millones de pesetas, con una subvención de la Junta de 2.400 millones, cuya aprobación se llevó a cabo el 17 de junio. Un mes más tarde el Ayuntamiento compra por 750 millones de pesetas (con dos créditos de Caja España) las 15 parcelas donde se ubicarían las fábricas. Los norteamericanos prometieron después una tercera factoría con 2.800 millones de inversión. El 19 de octubre de 1993 los parlamentarios socialistas en las Cortes de Castilla y León aseguraron que «los datos del registro mercantil de todas las empresas de la multinacional no ofrecen ninguna garantía de la solvencia del holding norteamericano», pero aun así mantuvieron su apoyo al proyecto. Por eso el 5 de noviembre el presidente de la Junta, Juan José Lucas, colocó la primera y única piedra de Biomédica en medio de gran expectación. Armunia se dividió cuando las dos asociaciones de vecinos elaboraron sendas listas de aspirantes a trabajar en la multinacional, con 1.100 personas inscritas. La Junta concedió otra subvención de 1.957 millones para la tercera factoría, que no comienza a construirse cuando se había anunciado, porque la empresa pide en abril del 94 una prórroga de cuatro meses. El PSOE vuelve a insistir en el timo, pero nadie quiere escuchar. Wilbourne amenaza con no instalarse en León si se politiza y en octubre de ese año las dudas son enormes y la oposición pide un pleno para debatir el tema. Se hace público un informe de 1992 elaborado por los técnicos municipales que cuestionaba la viabilidad económica de la multinacional, aunque los técnicos se retractan en el pleno del 30 de octubre. Se conoce después que Biomédica también negoció en 1992 con Asturias. Se crea una comisión municipal de investigación, pero Morano la boicotea. Y la Junta el 27 de enero de 1995 concede un año de prórroga para la instalación, aunque meses más tarde reconoce que concedió la subvención de 2.400 millones sin el estudio previo de viabilidad. El 28 de marzo de 1995 la Interpol informa que la multinacional es «una empresa de papel» que el 16 de febrero había cancelado toda su actividad en el registro mercantil de las Antillas Holandesas. El propio intermediario que puso en contacto a Juan Morano con los representantes de Biomédica aseguró que en 1993 el Ayuntamiento leonés conocía un informe de la oficina comercial de la Casa Blanca alertando sobre la escasa solvencia y seriedad de Wilbourne. Fue una locura que duró dos años.

Las nutridas filas de mineros van por los arcenes de las carreteras, charlando y leyendo el periódico. Todavía no se denominaba Marcha Negra cuando el domingo 8 de marzo de 1992 se pusieron a andar en Villablino quinientos trabajadores de la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) para llegar a Madrid y en la capital de España «exigir soluciones a la situación de crisis» que vivía la empresa y la comarca de Laciana. En la primera jornada cubrieron los cuarenta kilómetros que separan la capital lacianiega de Toreno, siendo vitoreados por los vecinos de las localidades a su paso. Esa fue la tónica de toda la marcha, que empezó a apellidarse «negra» una semana después, cuando los mineros se encontraban ya a las puertas de Valladolid, donde les recibió el consejero de Economía, el leonés Fernando Bécker. A pesar del cansancio y el calor, después de 18 etapas el miércoles 25 de marzo llegaron a su destino. Los trabajadores estuvieron arropados por unas cincuenta mil personas por las calles de Madrid hasta el Ministerio de Industria, donde fueron recibidos por el director general de Minas, ya que el ministro no quiso hacerlo para «no sentar un peligroso precedente». Al día siguiente salieron de su encierro, tras 50 días en el interior del pozo Calderón, ocho sindicalistas que habían adoptado esta medida para presionar a la empresa a fin de que ofreciera un plan de viabilidad que consolidara los 2.500 de plantilla. La situación de la minería se fue degradando y fue necesario realizar una segunda y una tercera Marcha Negra en 2010 y 2012. Pero no sirvieron de nada.

NORBERTO CABEZAS QUINTANILLA