La mezquita, un caso para el Constitucional
Una comisión de expertos defiende que nunca fue propiedad de la Iglesia.
efe | córdoba
El informe de la comisión de expertos sobre la Mezquita-Catedral, encargado por el Ayuntamiento de Córdoba, defiende que el templo «nunca» fue propiedad de la Iglesia y plantea recurrir al Tribunal Constitucional (TC) la inmatriculación del monumento que se llevó a cabo en el 2006.
Según el informe, presentado hoy en el Consistorio, el análisis histórico realizado por la comisión «demuestra» que la Iglesia «no tiene, ni puede tener, título de propiedad alguno» sobre la Mezquita-Catedral y, a pesar de ello, el Obispado de Córdoba «inmatriculó a su nombre la ‘Santa Iglesia Catedral’» en el 2006.
Por su parte, el Cabildo catedralicio ha manifestado hoy que «numerosas instancias judiciales y de la Administración» han reconocido que el Conjunto Monumental Mezquita-Catedral «es propiedad de la iglesia desde 1236».
Tras una «primera lectura», la representación de la Iglesia ha señalado que en 2014 la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Hacienda confirmó que este conjunto monumental «no consta en el inventario de Bienes y Derechos del Estado». En ese sentido, la Dirección General de Patrimonio recogía que la Abogacía del Estado «ya señala que nadie cuestiona que Fernando III el Santo, tras la conquista de Córdoba en el año 1236, decide que la Mezquita sea consagrada y convertida en Catedral de la ciudad».
«Desde entonces la Iglesia es quien gestiona la misma, si bien colaborando con la misma en su conservación y mantenimiento, ya en la época moderna tanto el Estado como otras administraciones públicas, y ello dada su condición de bien de patrimonio histórico», añade el escrito de la Abogacía. La alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio (PSOE), ha afirmado que elevará al Gobierno central y a la Junta de Andalucía el informe presentado ayer. Además, el texto dado a conocer por el consistorio, considera «injusta» la situación actual y «lesiva para los intereses de la ciudadanía» y propone una serie de actuaciones para «solucionar el conflicto planteado» tras la inmatriculación. Entre ellas, se plantea como «más apropiado» «recabar los apoyos parlamentarios necesarios» para llevar a cabo un «recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional».