La Confederación Internacional de Sociedades de Autores apuesta por expulsar a la SGAE de su seno y aconseja al Gobierno que la intervenga ya

La SGAE sigue en el punto de mira internacional. La CIAC (Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores) ha remitido un informe al Ministerio de Cultura y Deporte exponiendo su decisión de avanzar en el proceso de expulsión de la SGAE y aconsejando "la urgente intervención pública temporal para evitar el desmoronamiento de la entidad española". El demoledor documento al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO afirma que la SGAE "está haciendo peligrar el modelo de gestión colectiva en España" debido a una conducta que "ha tenido un efecto perjudicial sobre muchos socios".

Las quejas de la CISAC son muchas, pero refiriéndose explícitamente a 'la rueda', sugiere que ha habido cierta complicidad por parte de la SGAE, ya que "tanto a nivel de alta dirección como desde sus órganos de gobierno" se ha permitido "deliberadamente" su existencia. Tras comprobar que la entidad no ha mostrado "una voluntad clara de subsanar las deficiencias", califica la actual situación de "estancamiento crónico" y considera "aconsejable y conveniente" la intervención ministerial. En opinión de la CISAC, sería la forma más eficaz de evitar lo que cada vez parece más inevitable: la expulsión temporal o definitiva de la SGAE de una confederación que agrupa a 239 entidades de 121 países.

Dos años de paciencia

La CISAC llevaba años observando desde la distancia las informaciones que se publicaban sobre la SGAE y a finales del 2016 decidió tomar cartas en el asunto. El artículo 8 de sus estatutos indica que sus afiliados deben trabajar "por el bien común de los creadores y editores en su conjunto y no a favor de un grupo particular de creadores y editores" y, en base a este, carga contra el entramado de 'la rueda' televisiva, fenómeno específicamente español que consiste, según sus palabras, en destinar "una parte desproporcionada de dinero a las obras musicales que se emiten durante las horas de madrugada, cuando apenas hay audiencia o ingresos publicitarios para las televisiones, perjudicando a los autores del resto de obras musicales que no participan de esa práctica". Y lo traduce en cifras: franjas que no aportan ni el 1% de los ingresos publicitarios de las teles se reparten el 40% de los derechos que generan esas cadenas.

Aunque en julio del 2017, la SGAE, entonces presidida por José Miguel Fernández Sastrón, asumió unas nuevas reglas de reparto aconsejadas por un organismo imparcial, una sentencia judicial las anuló y, en opinión de la CISAC, volvieron a producirse "las distorsiones y falta de equidad que caracterizan los repartos de la SGAE". Es por ello que un equipo de la CISAC decidió hacer una auditoría cuyo resultado se presentó en mayo de 2018. El documento remitido al ministerio incluye un resumen del informe que la propia CISAC califica de "demoledor" y que insta a la entidad española a aplicar 16 recomendaciones referidas a sus órganos de gobernanza, a la documentación e identificación de las obras y al sistema de recaudación y reparto. Resumiendo: todo estaba mal.

Pero el problema no eran tanto las irregularidades detectadas como el caso que hizo la SGAE. En opinión de la CISAC, ninguno. "Lamentablemente, la SGAE apenas ha adoptado ninguna de las recomendaciones del Informe de Revisión. Es más, tras el Informe de Revisión, la CISAC ha tenido conocimiento de nuevos acontecimientos que, lejos de tranquilizar, han agravado aún más la enorme preocupación por la situación en la SGAE y los gravísimos perjuicios que está causando", resalta el documento. Por ello, y solo un mes después de constituirse la junta de Hevia, la CISAC anunció el proceso de expulsión de la SGAE.

Argumentos insuficientes

El 13 de marzo, Gerardo Rodríguez, aún director general de la SGAE, viajó a París para exponer los avances que la presidenta Pilar Jurado estaba llevando a cabo. El lunes siguiente, la CISAC remitía al ministerio este documento en el que califica los argumentos como "claramente insuficientes". La imagen de calma que quiso transmitir la nueva presidenta en la rueda de prensa del pasado viernes, asegurando incluso que la CISAC había aplazado el proceso de expulsión, contrasta con este documento. Jurado dijo que la intervención ministerial "sería un fracaso". Hoy sabemos que para la CISAC sería "la forma más efectiva para garantizar la regularización de la situación de la SGAE".

La situación actual es la siguiente. Si no cambia el escenario, el consejo de administración de la CISAC recomendará en la asamblea general de la CISAC que se celebrará el 31 de mayo en Tokio la expulsión de la SGAE. Y es difícil que la asamblea no la apruebe. Y qué se entiende por un cambio de escenario? La CISAC lo tiene claro: si el Gobierno interviene la SGAE, ya no será necesaria una sanción de la CISAC. Cabe señalar que esta posibilidad no está ahora en manos del Ministerio de Cultura, sino del juez que debe dictar si la intervención es recomendable, tras valorar las alegaciones que presentó la SGAE a principios de marzo. Y ese dictamen aún no ha llegado. El tiempo sigue corriendo, pero las amenazas se acumulan de forma implacable.