La Fundación Siglo aprueba con reparos en contratos y personal
De acuerdo al informe realizado por el Consejo de Cuentas, la gestión fue «correcta» en 2016 y 2017, aunque con «salvedades»
La gestión económica de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León fue «correcta» en los ejercicios 2016 y 2017, con algunas «salvedades» en las áreas de contratos, convenios, subvenciones y gestión de personal y una estructura adecuada a la normativa, de acuerdo al informe realizado por el Consejo de Cuentas.
Esta fiscalización, registrada ayer en las Cortes de Castilla y León, incide en que «como consecuencia de las treinta conclusiones que aparecen reflejadas en el informe, el Consejo de Cuentas opina que la estructura de la Fundación Siglo es adecuada a la normativa en vigor».
El informe recuerda que la Fundación Siglo forma parte del sector público de la Comunidad, y está adscrita a la Consejería de Cultura y Turismo, de donde procede su principal fuente de ingresos, con 28,4 millones en 2016 y 29,1 en el 2017, a los que se sumaron otros 2,8 millones anuales de ingresos ordinarios por promociones, patrocinadores y otras actividades fundacionales.
En esa línea, el Consejo de Cuentas recuerda que aunque la fundación debe estar sometida a un control de eficacia por parte de la Consejería, no obstante «no ha sido aportado por la Consejería ningún documento que acredite fehacientemente las actuaciones de seguimiento, ni tampoco ningún informe en el que se valore de forma específica el cumplimiento de los objetivos en base a los indicadores previstos y las posibles desviaciones producidas».
Y aunque «está sometida al control interno de la Intervención General de la Comunidad», la «auditoría de la Fundación no ha llegado a ser incluida en el plan anual en los últimos diez años»; y la Intervención General no ha implantado aún el sistema de supervisión continua de las entidades dependientes previsto en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público de 2015.
En contratación, el informe incide en que la «Fundación Siglo incumple su obligación de comunicar al registro del Ministerio de Hacienda y Función Pública los datos básicos de los contratos adjudicados», algo que «tampoco figura en el registro de contratos de la Administración autonómica».
Y aprecia el Consejo de Cuentas que «en las instrucciones internas de contratación de la Fundación no se garantiza suficientemente el principio de concurrencia, ni tampoco la adjudicación a la oferta económica más ventajosa», y «tanto en la contratación menor como en los procedimientos negociados se incrementan los umbrales de las cuantías máximas que rigen para la Administración Pública».
Dentro de la muestra seleccionada de 11 expedientes del procedimiento abierto, en relación a la preparación de los contratos, en todos los casos los informes de necesidad son sumamente genéricos; y «en ninguno de los expedientes analizados se aportan los antecedentes, estimaciones, datos tenidos en cuenta y cálculos realizados para la cuantificación de los presupuestos base de licitación».
El Consejo de Cuentas subraya que «la fórmula utilizada permite otorgar puntuación positiva a las ofertas que no ofrezcan baja, permitiendo otorgar puntuación a los licitadores que no ofertan mejora alguna», y «además no reparte los puntos proporcionalmente en función del precio ofertado». Sobre los convenios suscritos, aprecia el órgano fiscalizador de la Comunidad que en los diez firmados con las diócesis de la Comunidad lo que subyace «es el otorgamiento de subvenciones», lo mismo que ocurre en otros nueve de los analizados con asociaciones culturales y ayuntamientos. Respecto al personal, el informe explica que la Fundación tiene personal de alta dirección y el sometido a la legislación laboral común.