Ley de Patrimonio
La Junta recurre la Ley de Patrimonio porque invade sus competencias
Alega que los Bienes Culturales de Interés Mundial no dan más protección
La Consejería de Cultura y Turimo de la Junta de Castilla y León ha presentado alegaciones a los anteproyectos de la Ley de Patrimonio Histórico Español y a la de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial al considerar que invaden algunas competencias y la creación de los Bienes Culturales de Interés Mundial no ofrecen novedades.
La Junta, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural, ha planteado diferentes observaciones al texto propuesto, una vez recibida la comunicación del Ministerio de Cultura y Deporte anunciando la apertura de un trámite de audiencia.
En concreto, la Junta de Castilla y León presentará alegaciones al anteproyecto de ley por el que se modifican la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. La primera de las alegaciones versa en torno a los aspectos competenciales que se recogen, tanto en la Exposición de motivos, como en la Disposición Final primera del texto remitido, considerando que éstos podrían no tener entidad suficiente para desvirtuar la competencia que con carácter exclusivo tiene la Comunidad de Castilla y León en materia de patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico, arquitectónico y científico.
Presupuestos
La Consejería de Cultura estima que el 1,5% cultural no puede ser la única medida económica
Otra de las alegaciones fundamentales al texto se refiere a la creación de la nueva categoría como es la de Bien Cultural de Interés Mundial. Se alega que estos bienes ostentan ya, previamente a su inscripción en la Lista Tentativa de Unesco, la máxima categoría de protección, la de BIC, y la inscripción posterior en la Lista de Patrimonio Mundial por Unesco obliga a aceptar los términos, criterios y obligaciones de la Convención de Patrimonio Mundial. Por lo tanto, se considera que la nueva figura que se propone crear no aporta ninguna novedad ni efecto, ni desde el punto de la protección ni del reconocimiento.
La Consejería de Cultura también alega la necesidad de que en el nuevo texto se estipule la existencia en los Presupuestos Generales del Estado de las partidas necesarias para atender los bienes y terrenos de propiedad estatal, así como aquellos que están adscritos a servicios públicos del Estado los cuales carecen de financiación. En las alegaciones presentadas se recuerda que el denominado 1,5 por ciento cultural, aun siendo una medida de apoyo, no puede constituirse en la única medida económica para el fomento de las acciones recogidas en la nueva ley.